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Según lo informado, la intervención de la Oficina Anticorrupción fue precipitada por el resultado de una auditoría administrativa y por el informe del Tribunal de Cuentas, donde se resolvería el cese de los pagos en negro.

Hay que recordar que el caso salió a la luz el día lunes cuando el dirigente de ATE Víctor Grandoli hizo público la preocupación del sector por los posibles despidos masivos en el ámbito del Consejo General de Educación, según expresó.

La situación ha derivado en una tensa situación política en el seno del CGE, donde por estas horas se esperan una definición del ministro de Gobierno, Sergio Urribarri. En medio de esa situación, el titular del CGE, Felipe Ascúa, dijo claramente que hay que poner fin a los pagos en negro y que los docentes que revisten en el Consejo “deben volver al aula, porque hay una muy mala distribución del personal”, según afirmó en declaraciones a la prensa.

Por otra parte, en la Oficina Anticorrupción han solicitado los resultados de las auditorías e informe del Tribunal de Cuenta, donde incluso –según se informó a este medio– no se habría dejado de observar como “situación irregular” en que se encuentra el propio Grandoli, quien está cobrando más de 2.600 pesos como funcionario, mientras hace uso de licencia gremial.

Quienes más críticos se han mostrado con los pagos en negro han sido el propio titular del CGE, Felipe Ascúa; el vocal Alejandro Richardet, y la directora de Gestión Presupuestaria, Alejandra Bría. Las críticas están centradas a la gestión del ex presidente José Turriani, donde no faltan cuestionamientos a los vocales y autoridades que revisten desde el momento en que se realizaron las polémicas incorporaciones de personal.

Los cuestionamientos a Grandoli también se debe a que alrededor de 30 incorporaciones se realizaron en el Taller Industrial Escolar que depende de su área, precisamente como coordinador general del Taller. Fuente: Cronista Digital