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a Sala II de la Cámara del Crimen condenó a la pena de dos años de prisión a José Daniel Piffiguer, de 45 años, a quien se lo encontró responsable de haber cobrado indebidamente la suma de 3 pesos a una mujer para entregarles un acta de defunción cuando prestaba servicios en la Mesa de Entrada del Registro Civil.
El empleado con la sentencia fue cesanteado del Estado a través de un sumario por el delito de exacciones ilegales. La pena de prisión condicional establece además que se le prohíbe de por vida volver a ocupar un cargo en la administración pública.
El hecho en el que se comprobó la acción irregular de parte del empleado público se produjo el 16 de junio de 1999, cuando cobró seis fotocopias de entrega gratuita –50 centavos cada una– a Marta Ríos, quien necesitaba la partida de defunción de su marido para cobrar una pensión.
El tribunal de la Sala II de la Cámara del Crimen, integrado por Raúl Herzovich, Teresita Nazar y Jorge García avaló el pedido del fiscal de Cámara, Juan Carlos Almada, por lo que deshechó el alegato del defensor oficial, que reclamó la absolución por falta de pruebas.
En el juicio oral y público se ventiló que Piffiguer era seguido por distintas irregularidades, como el cobro indebido de fotocopias gratuitas. En el informe entregado por el Registro Civil se comunicó que en el Registro no se abona dinero y que el pago de sellados se realiza en los bancos. Sin embargo, fue comentado que el problema en esos días en la depedencia era normal tales exacciones.
En la condena los camaristas hicieron notar que “la Justicia no juzga montos, sino conductas”, al acreditarse que el empleado público tuvo una actitud infiel y deshonesta.
“El problema no es el monto, pueden ser 50 centavos lo que se pudo haber sustraído o 1 millón de pesos, lo que se analiza es la conducta impropia del trabajador”, se alertó, para de este modo atacar el posible argumento de que en la Justicia sólo se condena a los que roban gallinas y no logran ser condenados los que producen severas irregularidades por fraude a la administración pública.
Los memoriosos recuerdan que el 21 de marzo de 2003 la Sala I de la Cámara del Crimen condenó a tres años de prisión condicional al ex diputado provincial por el radicalismo, Roberto Delfor Valente, de Colón. El ex legislador fue condenado a la pena de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos acusado de los delitos de Peculado (delito continuado) en concurso material con Fraude contra la administración pública, en concurso ideal con Falsificación de documento públicos. Así se constituyó la primera condena contra un ex miembro de la Legislatura provincial por mal desempeño en la función pública, luego de constatarse el mal uso de 4.000 pesos.
Sin embargo, desde la Sala II se aclaró que “si otros ex funcionarios públicos o dirigentes no fueron condenados, seguramente es por la falta de pruebas o elementos contundentes”. (UNO)
