Miércoles 15 de junio de 2005
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Política
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EL ESTADO OFRECIÓ PAGAR 225.600 PESOS A UNA PERSONA QUE FUE EMBESTIDA POR UN PATRULLERO
El Poder Ejecutivo autorizó, mediante el Decreto Nº 1.481, el pago de 225.600 pesos más intereses a un ciudadano que sufriera un accidente el 9 de marzo de 2003, al ser embestido por un patrullero. Este vehículo no poseía póliza de seguro vigente ...

E

n el decreto, fechado el 6 de abril y publicado el martes en el Boletín Oficial de la Provincia, el gobernador Jorge Busti autoriza a culminar el pleito iniciado por Juan José Semchman contra la Provincia por daños y perjuicios, que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la celebración de un acuerdo conciliatorio. Autoriza también a reconocer en concepto de capital hasta 225.600 pesos y adicionar los intereses según la tasa pasiva promedio del Banco Central y los gastos y costas del juicios.

Semchman reclamó el pago de una indemnización de los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito que protagonizó en marzo de 2002, cuando circulaba de norte a sur por la ruta nacional 14 y el acceso a San José (Departamento Colón). Allí fue embestido por un móvil policial –dominio TFW 038– que era conducido por el oficial Mirko Lisandro Payseé, que intentaba realizar una maniobra de cruce de carril para ingresar a la localidad.

En la norma se menciona que “en autos se encuentra decretada la rebeldía” de Payseé y que el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), citado como tercero, “ha declinado responsabilidad por no encontrarse vigente la póliza de seguro del patrullero al momento del accidente de tránsito”.

La Fiscalía de Estado sostuvo la culpa del demandante y se opuso a los montos reclamados por excesivos. Sin embargo, en el decreto se señala que “difícilmente la pretensión del actor resulte rechazada”, ya que “la responsabilidad civil del conductor del móvil policial es evidente”.

El oficial estaba en ese momento “en acto de servicio policial” y declaró “reiteradamente en sede penal” que el automóvil de propiedad de la Provincia carecía del debido mantenimiento mecánico y había realizado en su momento los reclamos correspondientes. “En mérito a lo expresado, la responsabilidad del Estado provincial es indiscutible”, se agrega.

El juicio se encuentra en la etapa de producción de las pruebas ofrecidas por las partes. En ese sentido, se consignó que la pericia psicológica determina una incapacidad del 50% en el damnificado, la pericia médica arriba a una incapacidad del 43,2% y resta aún la sustanciación de la pericia mecánica. La pretensión inicial del damnificado, en tanto, ascendía a 578.930 pesos. (Diario UNO)

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