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Se aclaró que de los acusados ninguno se encuentra imputado, incluso algunos de los dictámenes del sumariante fueron a favor de los cuestionados. Sin embargo se remarcó que la mitad de los sospechosos no habrían podido quedar libre de sospechas. Se detalla que la causa es por el supuesto delito de Defraudación agravada y falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica. Los denunciados fueron sumariados internamente en la Policía y en el trámite administrativo comparecieron acompañados por sus defensores.

El sumario en su mayoría se encuentra a resolución del jefe de Policía, y el retraso se da en que los expedientes individuales cuentan con situaciones bien diferentes. “Paralelamente se profundizó la investigación en el Juzgado federal de Paraná, pero hasta tanto la Justicia no se expida el sumario administrativo no podrá finalizar”, se advirtió de parte del grupo de letrados, para detallar que “a algunos de los policías se le estableció que recibieron planes jefes y jefas de hogar y luego de ingresar a la Policía el beneficio fue anulado”.

“El problema con un grupo de uniformados es que el trámite administrativo de la baja se demoró más de la cuenta y en la Coordinación de los Planes saltó que habrían cobrado al mismo tiempo el beneficio y el sueldo, es decir que no coincidió el plan jefes y jefas con la percepción del haber policial”.

Dentro de los 78 policías hay oficiales y suboficiales involucrados en los ilícitos, pero la gravedad del hecho adquiere mayor responsabilidad en los uniformados de jerarquía.

La superposición detectada en casos “insalvables” revelaría el cobro paralelo de dos, tres y cuatro meses. En el Juzgado federal por el momento no hay personal policial imputado. La causa es para establecer responsabilidades.

Las declaraciones testimoniales de los sumariados en la Policía ya fueron enviadas al fuero federal y ahora se están recolectando los informes de los organismos de contralor nacionales para que produzcan el entrecruzamiento de datos. Los posibles ilícitos fueron detectados por la investigación del titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) Guillermo Marijuán.

Los uniformados recibieron algún plan social entre 2000 y 2003, y el detalle surgió de la investigación que el fiscal efectuó al cruzar la lista de beneficiarios del plan social con los datos que existen en los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social y en Anses. Así, se pudieron determinar los casos de quienes cobraban el plan pese a tener trabajo o de quienes recibían dos subsidios a la vez. Desde la Policía se advirtió que si se confirman las sospechas se aplicarán las sanciones a los policías que no puedan justificar la irregularidad. (Diario UNO)