E

l Juzgado de Instrucción Nº1 en turno investiga una presentación realizada ayer por la Municipalidad. Ante una denuncia anónima en la Dirección de Acción Social, se pudo constatar que en un comercio de calle Newbery se vendían alimentos que el área destina a comedores comunitarios y vecinales.
Ante la denuncia, el gobierno municipal resolvió, primero, constatar la irregularidad a través de una empleada de Acción Social que se hizo presente en el lugar simulando ser una clienta. La mujer, en efecto, pudo comprar una botella de aceite y un frasco de mermelada, productos que tenían borrada o cortada la expresión “Prohibida su venta” que incluye toda la mercadería que la Nación remite al Municipio para ser destinado como complemento alimentario a comedores comunitarios y a comisiones vecinales, a través de los módulos, o bolsones.
Por la tarde, con la reapertura del local comercial, se hicieron presentes en el lugar el fiscal de Estado, Martín Uranga; el jefe de Gabinete, Jorge González; la secretaria de Justicia Social, Diana Olivera; el director de Ingresos Públicos, Carlos Fernández; la directora de Acción Social, María Elizabeth González; y la directora de Habilitaciones, Zandra Della Giustina. Los funcionarios labraron un acta en la que se enumeran los productos encontrados en las góndolas del lugar: 15 paquetes de fideos “Tatín” con la leyenda “prohibida su venta”; 8 paquetes de harina de maíz “Polentina”; 2 cajas de leche en polvo “Martona”; 8 paquetes de arroz “Sencillo”; 3 paquetes de harina “Sagemüller”; y 83 paquetes de fideos “Invicta” de diferentes lotes. Cuando se retiraban del local, debió labrarse una nueva acta ante el hallazgo de mercadería almacenada debajo de un mostrador: 10 cajas de leche entera en polvo, en las que aún no se había borrado la expresión “Prohibida su venta”; y 13 paquetes de harina “Sagemüller” con la frase “No apta para la venta”.
Con la documentación recabada en el lugar, se radicó anoche la denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº1 en turno, a cargo del doctor Ricardo Bonazzola. La fiscal en turno es la doctora Leonor Nader.
“Los dueños del comercio aseveran que se lo compraron a gente que pasa ofreciéndoselo”, relató anoche, en conferencia de prensa, el ingeniero González, acompañado por Uranga, Olivera, Fernández y María Elizabeth González. El jefe de Gabinete, que junto a los otros funcionarios llegaban de Tribunales, hizo hincapié en asegurar que “los controles funcionaron de inmediato ante la falta de escrúpulos que significa la venta de alimentos que son el complemento alimentario para gente que lo necesita”.
“Cuando pretendimos conocer más información, la propietaria se negó a decir más”, explicó González que señaló que la Justicia será ahora la que tenga que determinar el modo en que la mercadería llegó al local comercial. González insistió con el pedido “al vecino para que nos ayude con estos controles; tal como sucedió hoy, necesitamos que ante la aparición de esta leyenda específica, muy clara, ‘prohibida su venta’ se comunique con la Dirección de Acción Social, aunque sea en forma anónima, llamando a los teléfonos 4201825 o 4211021”. En este sentido, Olivera aseguró que “sistemáticamente se hacen los controles pero lo cierto es que el mecanismo de control social es el más rápido para detectar irregularidades como éstas”.
Por la cantidad de mercadería encontrada, los funcionarios dejaron entrever que no se trata de la venta de alimentos que realicen los beneficiarios sino del manejo irregular por parte de los responsables de algún comedor comunitario.