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a semana pasada, la Municipalidad de Paraná emitió el decreto 1.857, mediante el que establece una serie de medidas de ordenamiento administrativo y de reducción del gasto público, con vigencia desde el 12 de diciembre pasado hasta el 31 de marzo de 2006.
Las disposiciones que aparecen bajo cuatro títulos: Erogaciones, Gastos de funcionamiento, Trabajos Públicos y Recursos, fijan fuertes reducciones y medidas de ahorro para los próximos meses.
Las restricciones establecidas contrastan con los argumentos del decreto, pues en el considerando se describe un panorama de la Comuna sin sobresaltos. Por ejemplo, se consigna que se han logrado las metas propuestas en cuanto al mejoramiento de los servicios, que el pago de la deuda pública se viene cumpliendo en tiempo y forma, regularizando los atrasos, —y se menciona la situación de default denunciada por la actual gestión entre 2001 y 2003—, y que se ha producido un aumento en la base tributaria aunque falta reforzar acciones de control. Además, el Gobierno entiende que ha mejorado la situación social en Paraná, por lo que considera necesario “adecuar” los programas sociales.
También, reprogramar el plan de obras en vista de las subas de precios y de la imposibilidad de conseguir “recursos adicionales como el fideicomiso financiero”, se lee en el texto en referencia al proyecto motorizado por el Ejecutivo y cuya aprobación fracasó en el Concejo Deliberante por el voto negativo de la oposición.
Pero al final, consigna el decreto que para “mantener el equilibrio financiero en las cuentas públicas”, se dictaron las medidas en cuestión, que ya cuentan con antecedentes.

Se dispuso una reducción del 25 % en la cantidad de módulos productivos (una figura que reemplazó la hora extra en el ámbito del trabajo de la Comuna) en diciembre, mientras que la quita ascenderá al 50 % en enero y febrero. La disminución en totales será así: en junio, el tope era de 78.412 módulos (según decreto 781) y en los primeros meses de enero quedará en 43.674.
El decreto 1.857 describe la cantidad correspondiente en cada caso por secretarías, jefatura de gabinete y Fiscalía de Estado y expresa que de sobrepasarse el cupo, se reconocerán como franco compensatorio.
También se reducirá en un 100 % la actividad de capacitadores y talleres educativos y culturales, que se realizan principalmente en los barrios, lo que supone un corte de contratos. Lo mismo ocurrirá con las actividades de pasantes de las distintas facultades, que se suspenderán durante enero.
GASTOS Y PLANES SOCIALES. La compras de productos para el funcionamiento de la Comuna quedarán limitadas a insumos críticos, como combustible, productos químicos para producir el agua, material asfáltico y papel para impresión de boletas. Además, se ratificó un tope de litros de gasoil por semana: se trata de 22 mil. Esa provisión estaría generando inconvenientes, pues se han incorporado nuevas máquinas y en esta época el trabajo en áreas de servicio se intensifica, confiaron empleados.
En cuanto a los planes sociales, a los que este año se destinó una partida de 9.785.000 de pesos, entrarán en una etapa de análisis hasta el 28 de febrero, “para que los mismos sean incluidos en planes programas nacionales y provinciales”. La idea parece, entonces, acotar el rol de la Comuna en ese punto, aunque en el proyecto de presupuesto 2006 se destinan 10 millones a la partida Transferencia. En sintonía, subsidios sólo se otorgarán en casos extremos de salud y en el ítem de la publicidad, se informa que se efectuarán los pagos a quienes hayan cumplimentado los pasos administrativos exigidos.

OBRAS. Es el punto más corto y dispone que durante la vigencia del decreto se reconvendrán “las curvas de obras por terceros y no iniciar nuevas” (en octubre se dio cuenta sobre el descenso del ritmo de trabajos realizados por empresas, por la demora en los pagos). En tanto, se especifica que se avanzará “únicamente dentro del cupo fijado” por la Secretaría de Obras Ciudadanas.

RECURSOS. Se estipula la elaboración de un programa de fiscalización y seguimiento del cumplimiento de la tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad (Comercial) y la implementación del proceso de envío de apremios a morosos, con mayor capacidad adquisitiva —paso que se está cumpliendo con la futura incorporación al listado del “Veraz local”—. También contempla un hecho novedoso: brindar la posibilidad en la página web de la Comuna de que los contribuyentes puedan imprimir las boletas de las tasas. El decreto, después apunta una serie de acciones para mejorar los niveles de cobranza. Entre ellas: la evaluación del estado catastral, de la cartelería y el cobro a casas comerciales, cuyas centrales radican en otra provincia.

Al decreto 1.857, lo anteceden el 1.389 de septiembre y el 781, de junio. En esto último se menciona otro, el 353 de marzo. En los de septiembre y junio, el eje pasa por cupos en las productividades, gastos de teléfono y gasoil y reglas para otorgar publicidad. En cambio, el actual tiene un mayor alcance. Hay que recordar que el año pasado, esta gestión declaró el estado de emergencia en la Comuna. Y hay puntos de aquella medida que se asemejan a la de ahora. (El Diario)