Sábado 25 de junio de 2005
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Economía
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Presentarán al Tribunal de Cuentas el caso del Fondo Compensador del BER
La historia del Fondo Compensador para Jubilados y Pensionados del Banco de Entre Ríos tiene 36 años de vida y ocho de una larga agonía de la que el principal perjudicado es el Estado Entrerriano, que eroga varios millones de pesos en favor de los...

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n grupo de empleados del viejo Banco de Entre Ríos Sociedad de Economía Mixta decidió crear en 1969 un fondo compensador para jubilados y pensionados, por el cual a cada uno de ellos se le retendría el 2 % de sus ingresos mensuales lo que engrosaría un fondo que tendría como función principal equipar al jubilado (y a su viuda/o en caso de muerte) con la diferencia entre lo que cobraba el empleado en actividad y su jubilación, que siempre era un poco menos. De esta manera se constituyó un sistema de ahorro interno.
Todo funcionó bien hasta que el viejo banco fue víctima de los avatares del sistema financiero argentino, y un 2 de enero de 1995 pasó a manos de un grupo local compuesto por capitales de tres bancos, con preeminencia del Banco Institucional Cooperativo, que en la fusión constituyeron el Banco de Entre Ríos S.A. (Bersa).
“A partir del 2 de enero de 1995, conforme a la ley Nº 8.866 —de Transformación del Banco de Entre Ríos Sociedad de Economía Mixta en Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima. Anexo del contrato de cesión de acciones suscrito el 3 de agosto de 1994, en la cláusula 8ª— Fondo Compensador: se estableció `El Régimen previsto en el artículo 62º de la ley 5.767 y sus modificarais será derogado desde la fecha de transferencia efectiva; asumiendo la provincia todas las consecuencias que dicha erogación produzca”, puede leerse en la solicitada publicada en el matutino el 31 de mayo.
Y “las consecuencias que dicha erogación produzca” no significan otra cosa que una catarata de juicios que produjeron los empleados, activos y pasivos, que vieron trunco su beneficio y aquellos quienes vieron confiscados sus ahorros, y que le costaron al Estado provincial millones de pesos —la cifra sólo la puede calcular la Fiscalía Administrativa a cargo de la Dra. Claudia por lo pagado hasta ahora—.
Así las cosas, y traducido a buen romance, el esquema se explica así: cuando se sanciona la ley de privatización del Banco de Entre Ríos se decide hacer caducar el Fondo Compensador (el nuevo dueño no aceptaba cargar los costos) y el Estado se hace cargo de lo que en la premura del proceso quedara sin definir. A partir de enero de 1995, unos 400 empleados que habían aportado durante años y ya no iban a cobrar el beneficio, como los que lo recibían y dejarían de hacerlo, instrumentaron demandas judiciales en masa contra el Estado provincial y el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (el Bersa). Allí aparece el caso que dejaría solo al Estado con el problema.
En el caso Caminos, Ramón y Otra C/Banco de Entre Ríos S.A. y por cobro de pesos, se rechazó la acción contra el Bersa y se reconoce el derecho de los actores “de percibir de la Provincia las diferencias mensuales desde la fecha de derogación del Fondo, debiendo continuar con el sistema de pago mensual para los actores en forma similar al derogado”, es decir que el Estado debería cumplir las mismas funciones del Fondo Compensador, que había derogado unos años atrás, deslindando de responsabilidades al Bersa.
Como además se venía la inminente venta del Bersa al Crédit Agricole, que no quería nubarrones en el horizonte, el entonces presidente del banco Cr. Edmundo Muguruza y el gobernador Jorge Busti, comenzando su segundo mandato, acordaron un convenio, el que fue ratificado mediante el decreto Meosp Nº 5.325 del 27 de noviembre de 1998, unos meses antes de la transferencia del grupo financiero francés, “ratificando convenio del 5 de noviembre de 1998 entre el Banco de Entre Ríos S.A. (Bersa) y el Superior Gobierno de Entre Ríos”.
En el citado decreto, el Dr. Busti reconoce que las demandas por el Fondo Compensador revisten el carácter de “Pasivos Totalmente Ocultos”. Es decir, que desde el caso Caminos, Ramón Teodoro y Otra... el Estado ha venido pagando cifras millonarias en concepto de actualización total a cada empleado que ha hecho juicio, ya que no ha pagado la diferencia mensual como prescribe el fallo, y lo peor del caso es que la desidia no tiene fin.
Si un empleado demandó al Estado por lo que no percibió desde 1995 hasta 2000, por citar un ejemplo, lo ganó cobrando lo que le correspondía, pero ahora podrá hacer otro juicio por lo no percibido desde 2000 hasta 2005, y así sucesivamente hasta fallecer su viuda, que también tiene los derechos. Esto sin perjuicio de los empleados en actividad que ya no lo cobrarán y que realizaron aportes por muchos años, viendo confiscados sus ahorros.
A este debe anexarse las cuantiosas erogaciones que ha realizado el Estado provincial, permanentemente desde 1995, en concepto de honorarios y gastos a estudios de abogados que han usufructuado de la decisión oficial generando millonarias erogaciones, como “así también de las correspondientes actualizaciones a los beneficiarios, situación que seguirá en el tiempo hasta tanto supervivan beneficiarios, ya sean jubilados o pensionados”, reza la solicitada.
El Diario publicó que además, se da el caso que cada abogado arguye montos e intereses especiales, por lo que se ha dado el caso que con la misma antigüedad y salarios, empleados cobraron montos superiores a 100 mil pesos y otros algo menos, ya que en la Justicia no hay un criterio general.
En este contexto, un grupo de beneficiarios viene bregando para que el Estado abone las compensaciones mensualmente, de manera de evitar una sangría de fondos innecesarios hacia abogados y gastos, aseguró que en los próximos días elevarán al Tribunal de Cuentas de la provincia el caso para que tome intervención.
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