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Según anticiparon fuentes de la Corte, estarán presentes el ministro de Justicia, Horacio Rosatti; el procurador General de la Nación, Esteban Righi; jueces de cámara y de primera instancia; integrantes de la Corte Suprema de Chile y familiares y amigos de la nueva ministra.

La asunción de Argibay será posible porque el lunes último el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto de designación de la penalista, tras casi siete meses de la aprobación de su pliego en el Senado, el 7 de julio del año pasado.

La demora en la asunción de Argibay se produjo porque la jueza, al momento de ser designada, ocupaba un cargo en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, donde se lleva a cabo un juicio por genocidio contra el ex dictador yugoslavo Slovan Milosevic.

Con la asunción de Argibay, el alto Tribunal de Justicia volverá a funcionar a pleno, con sus nueve integrantes, por lo que los jueces podrán abocarse a evaluar los fallos que están pendientes, algunos muy importantes.

El último en incorporarse en diciembre último fue el ministro Ricardo Lorenzetti, y Argibay se convertirá a partir del jueves en la segunda mujer en integrar la Corte junto a Elena Highton de Nolasco.

Argibay será también la cuarta incorporación a la Corte que se realizará por decisión del presidente Néstor Kirchner.

La purga en el alto Tribunal se inició en diciembre de 2002 con la asunción de Juan Carlos Maqueda en reemplazo del renunciante Gustavo Bossert, con cuya dimisión se inició un proceso de renuncias y destituciones que tuvieron como objetivo acabar con la denominada 'mayoría automática'.

Durante esos dos años de recambio dejaron vacantes en la Corte el ex presidente del tribunal Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, quienes renunciaron acorralados por un inminente juicio político; y Eduardo Moline O´Coonor, destituido por el Senado.

Sólo resta definir la suerte del ministro Antonio Boggiano, quien también afronta un proceso de juicio político en el Congreso.

De todas formas, con la incorporación de Argibay el Tribunal estará completo y podrá abocarse a la resolución de temas sensibles que quedaron pendientes, como la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la pesificación de los depósitos bancarios menores a 70 mil dólares.