Martes 08 de febrero de 2005
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Política
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Sospechas sobre la distribución de la cuota Hilton
El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga las irregularidades en el reparto de cupos de exportación. El Presidente Kirchner ya envió un proyecto al Congreso.

E

l juzgado en lo criminal y correccional federal número 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, seguirá a fondo la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en torno a la distribución de la Cuota Hilton que permite a los frigoríficos argentinos exportar carne vacuna a los principales mercados de Europa.

Después de haber realizado una serie de procedimientos en una de las áreas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya), que tiene a cargo el reparto de los cupos, el magistrado estaría preparando otra serie de medidas que son consecuencia directa de la causa 16.022/04 que tramita por supuesto "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", contra el secretario de Agricultura, Miguel Campos, y el subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos, Claudio Sabsay.

La causa se inició luego de esta denuncia que impulsó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, para que se investiguen supuestas anomalías en la última distribución de la cuota Hilton, un negocio valuado en 200 millones de dólares al año.

Esto abre un nuevo capítulo en la disputa por la última distribución de estos cortes de alta calidad que se exportan a la Unión Europea (UE), donde ingresan con preferencias arancelarias y con valores que superan en 3000 dólares a los de las exportaciones corrientes.

Las consecuencias del caso podrían tener repercusiones en el ámbito del Ministerio de Economía, del que depende la Sagpya, y que está a cargo de Roberto Lavagna, un hombre muy ligado al campo.

Las demandas y la investigación se iniciaron en octubre pasado, cuando la Sagpya definió los volúmenes de exportación Hilton correspondientes al ciclo 2004-2005. Este año, con el objetivo de "democratizar" el cupo, se decidió ampliar de 45 a 68 el número de empresas que participan del reparto. Pero al mismo tiempo, la Sagpya tuvo que acatar la orden de jueces del ámbito civil y comercial que obligaron la adjudicación de alrededor de 10.000 toneladas, sobre un total de 28.000, a empresas de dudosa salud financiera e impositiva.

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