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l Gobierno estudia la posibilidad de dividir el presupuesto de la SIDE en dos, para intentar que haya más control sobre los gastos comunes de ese organismo. La iniciativa supone confeccionar un proyecto de ley para que el Congreso autorice a separar los gastos comunes de la SIDE de los reservados , informó a Clarín una alta fuente del Gobierno. Este año el presupuesto de la SIDE es de $ 238 millones. De esta forma, el Gobierno intenta influir en la polémica por el destino que se dan a los fondos reservados de la SIDE, después de que este diario confirmó el domingo en exclusiva que durante la campaña electoral del 2003 se reasignaron 111 millones de pesos para ese organismo de inteligencia. En la ley de Presupuesto Nacional, esos 111 millones de pesos originalmente estaban destinados por el Congreso para el Ministerio de Justicia.

Esa reasignación fue autorizada por dos decretos secretos: el 1025, que firmó Eduardo Duhalde el 23 de abril de 2003 —cuatro días antes de las elecciones presidenciales— por 99 millones de pesos, y el 1014, firmado por Néstor Kirchner el 5 noviembre siguiente, por 12 millones.

La iniciativa busca que, por ejemplo, sean públicos los sueldos y gastos del titular de la SIDE y de toda la conducción política del organismo de inteligencia y se mantenga la clasificación de reservados para las operaciones especiales de inteligencia y los sueldos de los agentes secretos.

Paralelamente, el juez federal Daniel Rafecas se hizo cargo ayer del juzgado de Juan José Galeano, quien fue suspendido la semana pasada durante 180 días por el Consejo de la Magistratura, mientras se le realiza un juicio político por las supuestas irregularidades cometidas durante la instrucción de la investigación del atentado a la AMIA. Precisamente, era Galeano el que venía investigando esta causa para determinar en qué se usaron aquellos 111 millones de pesos.

El diputado del ARI Adrián Pérez, quien hizo una denuncia concreta con la que se abrió esta causa judicial, en base a denuncias del ex ministro del Interior Gustavo Beliz, solicitó que Rafecas llame a declarar a Duhalde, Kirchner, y al jefe de Gabinete Alberto Fernández para que expliquen cuál fue el destino de esos fondos.

Alberto Fernández había negado que la plata reasignada se haya usado para financiar la campaña electoral de Kirchner en el 2003, y se excusó de dar más detalles por tratarse de gastos de la SIDE cubiertos por leyes secretas.

No obstante, una alta fuente oficial había afirmado que esos 111 millones fueron para "pagar los sueldos de los agentes secretos en el exterior" que no se podían cubrir luego de la devaluación del peso, en enero de 2002. "Otros gobiernos nos dicen que es poco destinar sólo 30 millones de dólares para, por ejemplo, hacer inteligencia exterior sobre el terrorismo internacional", agregó la fuente de la Casa Rosada.

Más allá de la causa judicial, el diputado radical Fernando Montoya dijo que solicitará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, de la cual es vicepresidente segundo, que investigue cuál fue el verdadero destino de los fondos en cuestión.

La comisión —la única autorizada por ley para auditar este presupuesto— aprobó los gastos de la SIDE del primer semestre del 2004 pero no tenía previsto revisar los del 2003, porque entonces aún no se había constituido.