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En las últimas horas, los contactos entre el Gobierno (que coordina el Ministerio de Planificación de Julio de Vido), los dirigentes sindicales y los industriales se profundizaron en esta idea.

De hecho, ya existiría un agregado al borrador del acuerdo tripartito. Esos nuevos ajustes de redacción apuntarían a dejar en claro que tanto los gremios como los dirigentes de empresas respaldan el rumbo económico. Sería una señal política hacia varios frentes, sobre todo a ciertas presiones por parte del Fondo Monetario y de los bonistas por impulsar una baja en el actual tipo de cambio.

Allí habría una explícita mención al tipo de cambio actual que el Ministerio de Economía no quiere dejar caer de los 3 pesos por cada billete verde. Además, se aprobaría el nivel de las actuales tasas de interés (que incentivarían la inversión o el consumo) y las denominadas metas de inflación (que comanda el Banco Central para evitar que se disparen la emisión y los precios).

En la práctica, el documento que anunciarían a fines de este mes, el Gobierno, la CGT y la UIA apuntaría a ponerle un marco a los futuros ajustes salariales. Tanto el vicepresidente de la UIA, Héctor Méndez, como la co-titular de la CGT, Susana Rueda, respaldaron este Pacto Social.

"Con un marco va a ser más fácil negociar", expresó Méndez quien, de paso, recordó "los grandes sectores, tales como el metalúrgico, el del papel y gráficos, han estado dando aumentos de salarios". Rueda, en cambio, sostuvo que "el sector empresario debe comprender la necesidad de aportar con puestos de trabajo y salarios dignos".

Los aumentos que negocian la CGT y la UIA con el Gobierno se atarían al índice de precios y a la productividad de cada sector y, así, se evitarían los futuros aumentos generalizados por decreto que impactarían, estadísticamente, más de lleno en la inflación mensual. De hecho, el acuerdo apuntaría a fijar las bandas entre las que se moverían los ajustes que vendrán y —como ocurrió en el último conflicto sindical por los subtes—, el incremento finalmente otorgado englobaría el ajuste de 100 pesos mensuales no remunerativos que el Gobierno otorgó a fines de diciembre y contribuirían a futuro con esas cargas previsionales.

El asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, dijo que "hay sectores empresarios que se aprovechan de la desocupación para no conceder aumentos en haberes", mientras que Julián de Diego, consultor de empresas, afirmó que "los aumentos de salarios son distorsivos cuando son en general y meten a todos en la misma bolsa".

El pacto CGT-UIA además fijaría nuevas reglas para mejorar las condiciones de contratación en blanco en las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con las últimos trimestres medidos por la Encuesta Permanente de Hogares, por primera vez en la serie la contratación en blanco habría sido mayor que la que se produjo en negro. De todos modos, sobre el nivel general de asalariados el trabajo en negro seguiría rozando el 42%.