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ada empleado de la empresa aérea Southern Winds le cuesta al Estado argentino unos 10 mil pesos por mes, como consecuencia del contrato firmado por el gobierno con esa compañía por el cual le transfería aproximadamente 8 millones de pesos por mes.
El acuerdo de cooperación se alcanzó hace 16 meses cuando la compañía aérea se comprometió a mantener los 800 puestos laborales de las empresas LAPA y Dinar, que habían quebrado.
Sin embargo, el escándalo por tráfico de drogas a España a través de aviones de SW llevó al Gobierno a anunciar la ruptura del contrato que se hará efectivo el miércoles próximo.
De acuerdo con un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), cada puesto de trabajo conservado le costó al Estado argentino 10 mil pesos por mes.
Para la consultora, este subsidio generó "un gasto fiscal desproporcionado en relación a los pocos empleos generados".
Sin embargo, sostuvo que "el impacto más negativo es que la discrecionalidad genera un clima de impunidad que suele terminar en escandalosos actos de corrupción".
Precisó que con una inversión de 8 millones de pesos mensuales se podría, por ejemplo: aumentar en 35 mil los subsidios de desempleo que otorga el Fondo Nacional de Empleo que hoy apenas llegan a cubrir a 59 mil trabajadores desocupados (4 por ciento de los desocupados totales que hay en el país).
Además, se podría brindar 53 mil beneficios más del Plan Jefas y Jefes de Hogar a mujeres pobres que son jefas de familia.
Se estima que hay más de un un millón de hogares en esta situación y sólo el 20 por ciento recibe un subsidio del Estado.
Según el informe, se podría formalizar 60 mil trabajadores "en negro" del sector privado que casi en su totalidad son personas pobres ya que ganan en promedio 350 pesos por mes, eximiéndolos del pago de los impuestos al trabajo.
"Subsidiar discrecionalmente a una empresa privada tiene un impacto social muy bajo como también lo muestra la larga experiencia de Argentina con los regímenes de promoción industrial", señaló IDESA.
Además, consideró que "en la medida que los funcionarios tienen la potestad de asignar fondos públicos de manera discrecional, fatalmente aparecen los gestores que ofrecen su intermediación".
Según la entidad, "las valijas de SW guardan una triste analogía con los galpones vacíos que simulaban ser fábricas para aprovechar los beneficios de la promoción industrial".
