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Se trata de antecedentes que "pueden resultar de utilidad"para la investigación y esclarecimiento de esos ataques para lo cual se les dará "categoría de documentos de guarda permanente".

El decreto correspondiente, firmado por el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, justifica la medida adoptada en virtud del "tiempo transcurrido desde la producción de los atentados y en atención a los distintos plazos mínimos de conservación de documentos por parte de los archivos de la Administración Pública Nacional".

Por esa razón, determina la norma legal, "resulta pertinente que todos los organismos oficiales se abstengan de destruir documentación que pueda ser de interés para la profundización de las pesquisas aún pendientes".

En los considerandos del decreto, se ratificó la "voluntad" del gobierno para contribuir en el esclarecimeinto del atentado a la Amia el 18 de julio de 1994 y a la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992.

Se recordó asimismo la creación de la Unidad Especial de Investigación, que funciona en el ámbito del ministerio de Justicia, y que es la encargada de "coordinar" todos los organismos del Estado para individualizar y juzgar a los culpables de ambos ataques.

Precisamente, la tarea realizada hasta el momento por esa Unidad justificó el dictado del decreto porque se advirtió "la existencia de documentación, alguna de naturaleza reservada y confidencial, que no había sido allegada al trámite de las pesquisas y que resulta de interés para su avance".