E

l promedio de cada demanda ronda los 360 mil pesos, el 60 por ciento se concentra en Capital y Gran Buenos Aires, y la Argentina es el país con mayor litigiosidad en Latinoamérica.
Así lo revela un informe elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), con vistas al VIII Congreso Argentino de Salud que la entidad realizará entre el 8 y el 9 de septiembre próximo en San Carlos de Bariloche, bajo el título “Las Asignaturas Pendientes”.
El trabajo, que recoge datos de todo el país y en el que contribuyeron las principales cámaras que nuclean a profesionales de la salud, refleja que “el 94 por ciento de las demandas que se inician contra los profesionales termina en la nada y con el especialista absuelto”.
El estudio de ACAMI explica que “aunque la sentencia favorezca al demandado, en general la Justicia determina que el profesional o el centro asistencial debe abonar el 50 por ciento de las costas del juicio”, provocando un enorme daño económico al sistema de atención primaria de la salud, advirtió Tomás Sánchez de Bustamante, presidente de la entidad.
Una de las mayores preocupaciones de los referentes del sistema sanitario es que el Congreso de la Nación no logró avanzar en una ley que “lleve algo de racionalidad al crecimiento exponencial de estas demandas que en muchos casos ocultan una industria del juicio lamentablemente cada vez más pujante”, se quejó Sánchez de Bustamante.
ACAMI está integrada por prestadores y financiadores sin fines de lucro, como la Fundación Favaloro, el Instituto Fleni, los hospitales Alemán, Austral, Británico, Italiano y San Juan De Dios, CEMIC, OSDE, los sanatorios Mater Dei y San José, la Fundación Médica de Mar del Plata y la Clínica Adventista del 7º Día.