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uhalde -que era en aquel entonces presidente de la Nación- deberá comparecer el próximo 7 de julio, mientras que Solá (que ya estaba al frente de la Gobernación bonaerense, tras la renuncia de Carlos Ruckauf) fue citado para el 11 de julio, aunque ambos tendrán la opción de atestiguar por escrito.Así lo decidió el tribunal oral número siete de Lomas de Zamora por pedido de la fiscalía, que también solicitó las citaciones de Juan José Álvarez -en el momento de los hechos secretario de Seguridad de la Nación- y del propio presidente Néstor Kirchner.
También fueron convocados a declarar -todos podrán hacerlo por escrito- el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof; el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra; los ex ministros Horacio Jaunarena (Defensa), Jorge Vanossi (Justicia) y Jorge Matzkin (Interior); y el ex jefe de Gendarmería Julio Miranda.
La primera jornada del juicio, que se desarrollará al menos durante los próximos cinco meses en los tribunales de Lomas de Zamora, fue seguida por un nutrido grupo de piqueteros, que se concentró en las inmediaciones del edificio tras haber marchado desde la estación de trenes de Banfield y el Camino Negro.
En la sala de audiencias, el abogado defensor del comisario Alfredo Franchiotti, uno de los policías acusados de haber dado muerte a Kosteki y Santillán, reclamó al tribunal ``la anulación de las actuaciones´´, al considerar que ``no se concluyó todavía con la instrucción suplementaria de la causa´´.
La defensa de Franchiotti, ejercida por el abogado Amilcar Chiodo, pidió además que ``se profundice la investigación´´ en procura de los ``otros responsables´´ que aparecen ``con armas en las manos´´ en los videos difundidos por los medios de comunicación que cubrieron los hechos.
Justamente gracias a esos videos -y al material captado por varios reporteros gráficos- se pudo establecer en aquellos caóticos días de junio de 2002 que Kosteki y Santillán habían sido ultimados tras una marcha piquetera al puente Pueyrredón.
La solicitud de la defensa de Franchiotti, más el reclamo de los abogados de otro de los policías imputados -Francisco Quevedo-, rechazando su imputación, obligaron a la fiscalía a solicitar un receso para refutar los pedidos, que se extendió por más de una hora.
Tras el cuarto intermedio, la fiscalía rechazó la anulación del juicio y el tribunal decidió retomar el proceso el próximo martes desde las 13:30, cuando declarará Alberto Santillán, padre de uno de los piqueteros ultimados en 2002.
Los abogados de las familias de Kosteki y Santillán intentaron poner de relieve el tiempo político que rodeó los hechos y la necesidad de incluir en el debate a los integrantes del Gobierno nacional que por entonces encabezaba Duhalde.
Cuatro veces debió interrumpir la titular del tribunal Elisa Betriz López Moyano a la abogada de la familia Kosteki, Claudia Bracamonte, quien insistió en puntualizar el clima adverso a la marcha de los piqueteros aquel 26 de junio de 2002.
En este marco, el Tribunal -también integrado por Roberto Lugones y Jorge Roldán- escuchó por parte de la defensa el pedido de absolución de los dos principales acusados de los homicidios, el comisario Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, el único acusado que pidió hablar durante esta jornada.
Acosta era en aquel momento chofer de Franchiotti y se estima que su testimonio podría complicar al ex comisario de la Bonaerense.
De todos modos, el abogado de Franchiotti pidió la absolución de su defendido y argumentó que cuando mataron a Kosteki ``en los alrededores del supermercado Carrefour´´, el comisario ``estaba en otro lugar´´.
El letrado también adujo que ``la muerte de Santillán se produjo en el interior de la estación de trenes de Avellaneda´´, mientras Fanchotti ``se encontraba persiguiendo a un manifestante´´ en otro sector de la terminal de trenes.
Las demandas de la defensa de Franchiotti incluyeron además la división de las causas para determinar ``una mejor investigación´´ y ``condena de los responsables´´.
Previamente, cuando finalizó la exposición de la fiscalía y de los letrados querellantes, el padre de Darío Santillán, Alberto, fue obligado a retirarse de la sala por figurar como testigo y a la vez como querellante.
``Quiero ser uno de los primeros testigos en declarar, así puedo volver a sentarme en la sala como querellante. Me preocupa esta decisión y me extraña que el fiscal pida que me vaya. Quiero volver pronto para evitar cualquier maniobra´´, afirmó Santillán.
El juicio -que prevé la asistencia de casi 400 testigos- tendrá tres sesiones semanales en los Tribunales de Lomas de Zamora, pero durante las dos primeras semanas sólo se desarrollará los martes.
A partir de la tercera semana se cumplirá con el cronograma de lunes, martes y jueves, con una primera etapa destinada a que declaren todos los efectivos de seguridad involucrados en el operativo del 26 de junio de 2002.