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Durante la sesión -que comenzó cerca de las 16- se escucharon fuertes discursos a favor y en contra del proyecto impulsado por el Ministerio de Salud, que generó divisiones aún dentro de los bloques y obligó a la mayoría de las bancadas a disponer la libertad de acción a la hora de votar la iniciativa.

La norma, que modifica la ley 24.193, crea la figura del donante presunto y establece la posibilidad de que cada persona tome en vida la decisión de expresar su voluntad positiva o negativa respecto de la donación de sus órganos.

El oficialismo, que intentó varias veces debatir el tema, logró la semana pasada dar un paso importante en la Cámara de Diputados cuando pudo abrir la discusión del proyecto, que fue defendido en el recinto por el titular de la comisión de Salud, el justicialista cordobés Oscar González.

En su discurso, este legislador sostuvo que "de las cerca de 6.000 personas que esperan un trasplante un cuarto son niños" y destacó que "para disminuir a la mitad esa cifra debería aumentar tres veces la cantidad de donantes".

Desde el radicalismo, el encargado de defender esta tarde el proyecto oficial fue Aldo Neri, quien destacó que la iniciativa "reabrió la discusión sobre la actual ley de transplantes" y sostuvo que la figura del donante presunto "está en la norma actualmente vigente pero se ha vuelto impracticable".

En esa misma línea, la diputada kirchnerista Juliana Marino rechazó las afirmaciones de quienes, dijo, "agitan el fantasma del tráfico de órganos y siembran confusión obviando la multiplicidad que encierra un operativo de trasplante, que implica la movilización de más de 80 profesionales".

También manifestó su respaldo a la iniciativa el titular del bloque Convergencia, Miguel Bonasso, quien destacó la necesidad de realizar "algo más que una campaña de difusión en torno a este tema del donante presunto, sino que requiere un esfuerzo de carácter cultural para sensibilizar al conjunto de la sociedad".

Los principales cuestionamientos provinieron de varios diputados -en especial los que son abogados- que expresaron sus reparos en torno al supuesto carácter "compulsivo" de convertir a todos los ciudadanos en donantes, entre ellos la justicialista Lelia Chaya, que anticipó su rechazo al proyecto.

Además de Chaya, expresaron sus diferencias en torno a la iniciativa, impulsada por el ministro Ginés González García, el titular del bloque del ARI, Eduardo Macaluse; de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, y el macrista Jorge Vanossi, entre otros.

Macaluse consideró que "la presunción de la voluntad se introduce como una especie de chicana o intento de atajo para suplir las campañas que no se han hecho. Queremos que haya una mayoría de donantes pero generando en conciencia y no establecer la presunción del consentimiento".

Vanossi advirtió sobre "el riesgo o temor al tráfico de órganos" y consideró que "los más beneficiados para la salvación de sus vidas en la larga lista de espera van a ser dos sectores: la población de las grandes urbes y los más pudientes". La iniciativa determina que cuando una persona mayor de 18 años no se expresó a favor o en contra de donar sus órganos se le pedirá la opinión a su familia, que deberá transmitir cuál era la voluntad del fallecido.

Esta alternativa es un camino inverso al que rige actualmente, que hace que una persona deba expresar su voluntad de donar órganos para convertirse en donante.

En caso de que el muerto sea menor de edad, establece que si no hubiera padres ni representante legal la decisión debería ser tomada por el pariente consanguíneo hasta el cuarto grado.

La figura legal del donante presunto -que está en vigencia en Austria, España, Francia, Noruega, Bélgica y Finlandia- permitirá reducir de 6.000 a 2.000 la cantidad de personas que se encuentran en lista de espera para ser transplantadas.