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De hecho, existe un reciente pronunciamiento de la Cámara Federal que avaló la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaron a más de 50 militares en 32 causas penales en las que se investigaron violaciones a los derechos humanos.

El fallo dictado en abril último por la Sala I de la Cámara Federal fue el primero proveniente de un tribunal de alzada que adoptó esa medida al confirmar un fallo dictado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la investigación por los crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.

Ese magistrado dictó la inconstitucionalidad de los decretos 1002/89 y 2746/90 que permitieron que en su momento fueran sobreseídos en plena etapa de investigación el ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason y losex represores Juan Bautista Sasiaiñ, Juan Carlos Olivera Rovere y los fallecidos José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald.

A estos indultos que beneficiaron a los oficiales de alto rango le antecedieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas durante el Gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín y que permitieron la paralización de todos los expedientes judiciales abiertos por violación de derechos humanos.

Pero esas normas fueron declaradas recientemente inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia lo que permitirá el avance de numerosas investigaciones contra militares de menor rango, pero quienes en su mayoría ejecutaron de mano propia los crímenes más atroces de la dictadura.

Al pronunciarse sobre los indultos, la Cámara estimó que el primer ``desatino´´ con esas normas fue que extendieron un ``perdón´´ a personas ``que aún no habían sido condenadas, sino sólo procesadas´´, por lo que se desconoció ``el límite impuesto por la Constitución Nacional´´.

Para los camaristas, la ``intromisión del Poder Ejecutivo en un proceso en trámite, en el cual todavía no se ha podido establecer la responsabilidad del imputado resulta ser un claro avasallamiento a la división de poderes de gobierno´´.

También estimaron que los delitos investigados no pueden ser ``amnistiados´´ porque deben ``ser considerados como crímenes contra la humanidad´´ y la obligación de ``perseguir y sancionar penalmente´´ este tipo de conductas surgen de los compromisos con pactos internacionales.