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Siete de los ocho legisladores se expresaron a favor de la destitución del suspendido gobernador y sólo la colacista Patricia Pacheco votó en contra de sancionar al dirigente radical que antes de las elecciones de octubre se había pasado al Frente para la Victoria.

El resto de los integrantes de la Sala Juzgadora -integrada por radicales, aristas, peronistas y representantes de Movimiento Popular Fueguino- no dudaron en pedir la destitución e inhabilitación de Colazo.

Con distintos grados de dureza votaron por la destitución Norma Martínez (unibloque Movimiento 26 de abril), José Martínez (ARI), Angélica Guzmán (PJ) y Luis Velázquez (PJ cocarista), además de Miguel Portela, Damián Löffler y María Vargas, del Movimiento Popular Fueguino.

``Los argumentos de la defensa fueron endebles. No tuvieron sustento alguno´´, sostuvo el ministro de Economía fueguino, Raúl Berrone.

La estrategia de la defensa, encabezada por Luis Felipe Ricca, fue descalificar a los integrantes de la Sala Juzgadora.

Los legisladores que impulsaron la destitución del suspendido gobernador lo encontraron ``culpable de la comisión de la falta grave avasallando la autonomía municipal con grave perjuicio a las instituciones y a la vigencia de la Constitución nacional y provincial´´.

Las acusaciones también alcanzaron a los ex ministros de Roberto Murcia (Economía) y Leonardo Plasenzotti (Gobierno), quienes no fueron sancionados –porque el juicio político era contra Colazo- pero sí responsabilizados por las maniobras investigadas.

En los fundamentos de la acusación se subrayó que Colazo violó el artículo 110 de la Constitución provincial, que establece las obligaciones y deberes del gobernador, y exige el envío en tiempo y forma de fondos coparticipables, por lo que incumplimiento es considerado una ``falta grave´´.