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Son dos casos de naturaleza diferente ante los cuales la Cámara de Diputados —soberana en las decisiones sobre los títulos de sus miembros— deberá fijar posición con los dos tercios de los votos de los presentes.

Por orden de aparición pública de los cuestionamientos, los impugnados son el diputado electo porteño Eduardo Lorenzo "Borocotó", elegido por macrista y, de repente, convertido en oficialista con la bendición pública del presidente Néstor Kirchner Y el di putado electo bonaerense Luis Patti (Unidad Federalista) aliado del duhaldismo, un ex comisario acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Fue la Cámara de Diputados precisamente la que el 1º de diciembre de 1999 en una sesión preparatoria similar generó su antecedente más importante con relación a un diputado electo, hasta ahora el único en la historia parlamentaria que no pudo ocupar la banca. Se trató de Antonio Bussi quien en 1993 había sido diputado hasta que dos años después renunció para ser gobernador de Tucumán.

Pese a ello, seis años después, Bussi no pudo volver a ser diputado porque un dictamen de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento —entonces presidida por el diputado peronista Jorge Busti, actual gobernador de Entre Ríos— rechazó su diploma, decisión convalidada luego en el recinto por aplastante mayoría.

En síntesis: hasta su elección Bussi reunía todos los requisitos establecidos para ser diputado. Después, hasta su impugnación en esa sesión, no.

El dictamen, además del propio reglamento de la Cámara, se basó en el articulo 36 de la Constitución reformada en 1994, primero del capítulo destinado a nuevos derechos y garantías.

La interpretación fue que un responsable como Bussi de crímenes de lesa humanidad no podía representar en la Cámara al mismo pueblo que lo votó. El partido Fuerza Republicana aceptó el veredicto y por eso la banca fue ocupada por otro diputado del bussismo.

Si en 1993 Bussi pudo ser diputado y en 1999, en cambio, no pudo se debió a la reforma constitucional de Santa Fe que fijó en ese mismo artículo 36 la imprescriptibilidad de los delitos contra el sistema democrático. Los kirchneristas Miguel Bonasso y Araceli Méndez de Ferreira, junto con los diputados electos Remo Carlotto y Diana Conti, quieren que todo el peso de los antecedentes del caso Bussi caigan sobre Patti, también por falta de "idoneidad moral". Funcionarios y organismos de derechos humanos acompañan el planteo. Hoy a las 11, darán una conferencia de prensa en Diputados.

Ese mismo artículo 36 señaló que igualmente atentan contra la democracia los que delincan contra el Estado y se enriquezcan, tras lo cual ordenó al Congreso a sancionar una ley de ética para los funcionarios públicos. Esta ley es la 25.188. Y en ella se basa el reclamo del macrismo para que Borocotó no jure como diputado.

Falta de "idoneidad moral y ética", le atribuye Jorge Vanossi, presidente de la bancada del bloque Propuesta Republicana (Pro) y uno de los constitucionalistas que sostienen que las bancas pertenecen al pueblo. La doctrina dice que las bancas son de los diputados pero de los que están en ejercicio.

La sesión preparatoria de este martes —en la cual al final se elegirá al bonaerense Alberto Balestrini como presidente de la Cámara— comenzará con la invitación a presidir la sesión al diputado de mayor edad. Tras ello y antes de la ceremonia de juramento, llegará el turno de las impugnaciones.