Jueves 30 de marzo de 2006
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Política
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MÁS PODER PARA LA UNIDAD ENCARGADA DE INVESTIGAR EL LAVADO DE DINERO
La Cámara de Diputados aprobó anoche una ley que otorga mayores poderes a la unidad estatal encargada de rastrear las operaciones de lavado de dinero, que era motivo de fuertes reclamos internacionales. La modificación obliga a levantar el secret...

E

l oficialismo impulsó la aprobación para enviar una señal al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que integra la Argentina desde 1999.

El país enfrentó tres informes negativos del GAFI, una agencia intergubernamental, donde la influencia de los Estados Unidos es determinante, que promueve la aplicación de políticas contra el lavado de dinero.

Actualmente una delegación del grupo, encabezada por su presidente, el egipcio Kader Asmal, visita la Argentina.

Además de levantar el secreto bancario y bursátil frente a requerimientos de la UIF, el proyecto elimina las denominadas "excusas absolutorias", que permite a familiares y amigos de los responsables de lavado eludir las penas de encubrimiento cuando participan de las maniobras.

Originalmente, el proyecto levantaba también el secreto fiscal. Pero la AFIP logró con sus gestiones revertir la medida con el argumento de que afectaría la recaudación tributaria.

El ente recaudador mantendrá el secreto fiscal pero estará obligado a establecer si la operación advertida por la UIF es sospechosa.

Si la respuesta es positiva, la AFIP debe advertirlo a la Justicia. "El Senado cerró todavía más el secreto fiscal", se quejó la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, en alusión a los cambios incorporados en la Cámara alta.

El titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el justicialista Jorge Arguello, aludió directamente a la visita de los representantes del GAFI y consideró que, con la aprobación de la ley, la Argentina estaba en condiciones de "superar la próxima evaluación internacional".

El proyecto establece que estarán obligados a responder los requerimientos de la UIF los bancos, las casas de cambio, los fondos de jubilaciones y pensiones, los casinos y otras casas de juegos de azar, los agentes y sociedades de bolsa, las empresas aseguradoras, los registros públicos, las operadoras de tarjetas de crédito, las transportadoras de caudales, los escribanos públicos y los contadores.

El oficialismo fue acompañado por el voto positivo de la UCR y PRO

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