D
e la Sota formuló declaraciones anoche, luego de participar de un acto partidario en la sede del Smata, y afirmó que el traspaso de las acciones del Grupo Suez, accionista mayoritario de Aguas Cordobesas S.A., se hará a un grupo privado, preferentemente de origen nacional.De la Sota indicó "no hay plazos" para el traspaso accionario entre privados, y que se inclinaría por un "operador de capitales nacionales", que pueda sostener el contrato previsto inicialmente hasta el año 2027.
El mandatario provincial fijó su postura tras el anunciado retiro, aún no oficializado, del grupo francés Suez y de Aguas de Barcelona, que controlan el 56 por ciento de la prestataria del servicio de agua potable a 1,3 millón de cordobeses.
De la Sota manifestó además que pretendía "una salida ordenada de Suez", manteniendo la calidad del servicio a la vez que exigirá a la empresa que retire la demanda que tiene con la Provincia por 104 millones de dólares.
El gobernador reveló que habló del tema con el presidente Néstor Kirchner y que el jefe del Estado le dijo que su decisión le parecía bien, dadas "las características del acuerdo, que es totalmente distinto al de Aguas Argentinas".
El grupo Roggio posee el 16 por ciento de Aguas Cordobesas, y los otros dos inversores minoritarios son el Banco de Galicia (12 por ciento) e Inversora Central (16 por ciento).
Esta mañana, el ministro de Obras Públicas Hugo Testa, confirmó la intención que adelantó De la Sota, explicando, que en caso de que así lo decida el "grupo Suez, debe hacer una propuesta al Gobierno, de quien lo va a sustituir".
Luego el Ente Regulador de Servicio Públicos, como organismo de aplicación del contrato, deberá verificar y determinar las condiciones del sustituto, y "si acepta este se convierte en el futuro operador", calificando al trámite como de una "transferencia privada de acciones".
El funcionario reiteró que las tarifas, que se aplican se fundamentan en la corrección que el gobernador efectuó el 22 de marzo último, lo que dejó sin vigencia al polémico contrato que a fines del 2005, había aprobado la Legislatura, con incrementos que iban desde el 49 por ciento hasta el 500 por ciento, sobre las anteriores facturas.
Las facturas llegan actualmente a los usuarios con incrementos de entre el 15 y el 18 por ciento, según las zonas, respecto a las de diciembre último y en algunos casos, sin aumentos, para las viviendas incluidas en la zona denominada cero.