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onia Velázquez, directora de Maternidad e Infancia de la provincia, sostiene que los guarismos que se registran en Entre Ríos están “por debajo de las estadísticas nacionales, que son mucho más altas”, y llegan al 15 %.
Pero el médico tocoginecólogo Alejandro Helmi, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, ilumina otro costado del asunto: dice que hay datos ocultos, bajo la forma del subrregistro, y que los números oficiales no dan cuenta de todo el problema. “En abortos el subregistro es altísimo, de más del 50 %, con lo cual a los datos oficiales que se conocen habría que multiplicarlo. Además, según cifras nacionales el 30 % de la mortalidad materna es por abortos en Entre Ríos”, afirma.
Helmi dice que hay dos “tipos” de aborto de los que toman cuenta los hospitales públicos: por un lado “el clandestino, que es el aborto que se hace en condiciones no ideales de asepsia, por personas no entrenadas, y que son los que llegan al hospital con un alto nivel de complicación infecciosa o hemorrágica, que condiciona la vida de la paciente”. También llega el otro, “el aborto espontáneo, sumamente frecuente en la vida reproductiva de una mujer, y es el que uno habitualmente ve en las guardias. En este caso, uno termina el proceso ya en curso expulsando el feto en forma quirúrgica, y ocurre antes de los tres meses de embarazo. Esto se hace en ambientes absolutamente seguros, en un ambiente hospitalario, con personal capacitado, y es el que uno registra”.
De todos modos, el funcionario admite que el tema es vidrioso y que no siempre hay “denuncia” de un aborto por las complicaciones judiciales que ello implica. “Un aborto clandestino se registra cuando la paciente lo declara o cuando deriva en la muerte. Pero aún cuando no lo declare, uno lo puede suponer. Una paciente que se hizo un aborto clandestino demora para ir al hospital por temor a la denuncia. Y cuando va está en un estado clínico delicado, con un proceso infeccioso generalizado, que llamamos sepsis, que desencadena en la muerte generalmente” Pero como no siempre ocurre así, dice Helmi, “en el tema de abortos Entre Ríos tiene subregistros muy altos. Cuando uno registra uno, sabe que han ocurrido tres más y que la paciente no ha consultado. Lo que vemos en los hospitales son los que se complican, no aquel que ocurre y no se complica”.

Antecedentes judiciales

En 1996 un fallo del entonces juez Correccional y hoy secretario de Justicia, José Carlos Halle, autorizó a una mujer, Norma Escobué, a someterse a una operación de ligadura de trompas como mecanismo para evitar nuevos embarazos. Esa es la jurisprudencia más próxima que existe en la provincia, en tiempo y temática, a los dos casos que por estos días conmueven a la opinión pública: los abortos tramitados vía judicial para dos discapacitadas, en Mendoza y en Guernica, en Buenos Aires.
En aquella sentencia, Halle opinó que el Estado “no debe determinar cómo deben actuar y vivir las personas para ser moralmente virtuosas”. Y dijo que la cuestión —Escobué, madre de siete hijos, tenía serios problemas de salud que ponían en riesgo su vida ante un nuevo embarazo— no enfrentaba la moral con el derecho y puso de manifiesto que la mujer poseía la libertad para que “no sólo no le impongan un estatuto moral (...) sino que, por el contrario, es nuestro deber jurídico garantizarle la posibilidad de decidir libremente su proyecto de vida personal, de permitirle gozar con plenitud de su juventud y de su sexualidad”.
Luego no hubo casos similares, confirmó Arsenio Francisco Mendoza, defensor general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que de ese modo negó que en la Justicia entrerriana exista jurisprudencia respecto a la autorización por esa vía para la práctica de abortos. De todos modos hay preocupación en el Gobierno respecto a cómo actuar en caso de que se diera un hecho de esas características. El secretario de Salud, José María Legascue, propuso al STJ un convenio de cooperación para que el organismo pueda acceder a la jurisprudencia existente en Entre Ríos en situaciones donde la práctica médica entre en colisión con la bioética.
Desde el máximo organismo de justicia se dijo que en vez de convenio habrá una colaboración permanente, y para eso el STJ “remitirá a la Secretaría de Salud de la provincia, los principales fallos de los tribunales entrerrianos, vinculados con la bioética y el quehacer sanitario”. Se buscará así “acordar” cómo actuar ante los avances tecnológicos de la medicina “a fin de actualizar criterios, otorgando primordial respeto a la persona y su dignidad”.

Un drama en cifras
Datos sobre abortos producidos en el primer cuatrimestre de 2006 según el Ministerio de Salud y Acción Social
Ninguna razón justifica la muerte, dicen en la Iglesia

La Iglesia Católica argentina salió a fijar su posición con dureza después del debate público que generaron los dos casos de abortos provocados con intervención de la Justicia en Mendoza y en Buenos Aires, al punto que tituló el último documento del Episcopado, que se leyó en todas las misas de ayer, con una frase que no admite medios tonos: Una cuestión de vida o muerte.
El tema fue eje central de la reunión que el miércoles último mantuvo la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal (CEA) que resolvió dirigirse “a los hermanos que creen en Dios y a todos los hombres de buena voluntad” con “la preocupación y la esperanza del amor que les debemos”.
“¿Cuál es nuestro móvil al dirigirnos a las autoridades, a nuestros representantes y a todo el pueblo tratando de apostar por la vida e impedir la legalización del aborto? Créannos: sólo nos mueve el profundo amor de Dios por todos nosotros. Sólo nos mueve el deseo de valorar cada una de las vidas que se engendran y que ya son un ser constituido en el vientre de la madre”, señalaron.
Los obispos dijeron que “muchas veces se nos quiere hacer aparecer como retrógrados o fundamentalistas ante el tema del aborto. Se acepta y valora el trabajo de la Iglesia en favor de los pobres, pero se nos descalifica cuando defendemos el derecho a la vida. ¿Qué nos pasa como sociedad? Toda la tradición judeocristiana basada en los mandamientos de la Ley de Dios por miles de años consideró que el aborto es un crimen. ¿Qué luces ha recibido esta nueva cultura, qué revelaciones se nos han manifestado para descubrir que lo que siempre fue un mal tan grande hoy ya no lo es?” “Las culturas cambian, pero los fundamentos esenciales de las personas permanecen”, indicaron.
El presbítero Luis Anaya, párroco de Nuestra Señora del Carmen, doctor en Moral, dice que el aborto equivale a “matar una vida humana inocente”.
“No hay ninguna razón, en ningún caso, que justifique matar a una persona inocente. Matar a un inocente siempre es un acto malo. Frente a una situación difícil como la que se presentó en los dos casos, el de Mendoza y el de Guernica, habría que buscar modos mejores para ayudar a todas las partes involucradas”, señaló.
Al respecto, añadió: “El punto de partida es éste: ¿reconocemos o no reconocemos que en el útero de la madre hay una vida por nacer? Si nosotros reconocemos que hay una vida humana, jamás se puede buscar la solución atentando contra ella”.
La cuestión, dice, no tiene fundamento en la religión sino en “el orden natural. La fe tiene otros argumentos. No se trata de cuestiones de creyentes”. Y sobre esa base, señaló, ha transitado la postura de la Iglesia, expuesta también en Entre Ríos en ocasión del debate legislativo de las leyes de salud reproductiva y de vasectomía y ligadura de trompas. “Le pedimos al legislador que en sus leyes nunca atente contra la vida, al contrario que la promuevan. Pero la Iglesia no propone fines sino caminos. El camino para el fin tiene que ser siempre el diálogo, la convicción personal, el respeto por la libertad. No otros caminos”, observó. Fuente: El Diario.