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El hecho ocurrió el domingo, en horas de la noche, cuando un grupo de afiliados al sindicato intentó, sin éxito, pegar afiches en cercanías de Casa de Gobierno y del edificio del Consejo General de Educación (CGE). Cuando estaban en esa faena, se les acercó un agente de la Policía con la indicación que debían cesar en la actividad por cuanto, argumentó, había “una orden expresa” del Gobierno de no permitir pegatina de ningún tipo de carteles en la zona.

Acto seguido, dijo Susana Acevedo, titular de Agmer Paraná, el propio uniformado se dispuso a retirar los pocos carteles que los dirigentes habían podido pegar antes del incidente. “Nos dijo que estaba expresamente prohibido pegar carteles, y que esa era una orden del Gobernador. Cuando le pedimos que nos mostrara la resolución que mandaba eso, nos respondió que era verbal la orden”, añadió Acevedo.

EXPLICACIONES. La conducción de Agmer Paraná hizo una presentación formal ante el vicegobernador Pedro Guastavino, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, solicitándole conocer cuál es la directiva que prohíbe pegar afiches en la zona del Centro Cívico. En opinión del sindicato de los maestros, ese tipo de actitudes denotaría la existencia de “un cerco de censura en esos espacios públicos”.

Al respecto, Acevedo recordó que desde la gestión del ex gobernador radical Sergio Montiel, cuando se estableció una zona de exclusión en las inmediaciones de la Casa Gris, no habían ocurrido hechos semejantes. “Actitudes de este tipo atentan contra el ejercicio del derecho a reclamar y son una clara muestra de autoritarismo que deberían estar completamente ausentes en un orden democrático”, sentenció el gremio docente.

DEMANDAS. Frente a la situación ocurrida, Agmer reclamó al Gobierno “respeto a la libertad de expresión, garantía de los derechos constitucionales y sindicales de todo orden de derecho”.

Cabe destacar que el sindicato realizó la pegatina de afiches en el marco de un plan de demanda de mejoras salariales para el sector, con la exigencia de un salario básico que eleve los actuales 264,59 a una suma de 760 pesos, tal la demanda aprobada en el último congreso provincial.