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Descargo

Mirta Gladis Galván, la mujer denunciada por su ex concubino, dijo que ella nunca había vendido su hija, por lo que aseguró que la denuncia promovida por “un ex concubino”, no tiene asidero porque parte de mentiras y situaciones falsas.

La mujer morocha, con evidentes signos de haber sido madre hace poco tiempo estaba acompañada por un hombre que dijo ser el abogado Juan Carlos Martínez.

El letrado del mismo modo, hizo saber que nunca estuvo en su interés promover una acción irregular por lo que “es común que en un pueblo como el de Santa Elena exista gente que le molesta esta actividad y que no tiene problema en ensuciar a la gente”.

“Ladran Sancho, señal que cabalgamo”, graficó el veterano abogado para minimizar la denuncia presentada por un hombre de apellidos Ríos.

La acusada de la supuesta venta, dijo: “La verdad de los hechos, es que niego haber vendido mi hija a persona alguna, tal como lo manifiesta mi ex concubino. Él me había abandonado hacía dos meses y medio por haberse enterado de que la niña no era hija suya, y me quiso echar de la pensión de calle Carbó 32 (Paraná), manifestándome que no le pondría su apellido porque no era hija suya”.

“Como no consiguió echarme de la pensión se fue y viajó para trabajar en Santiago del Estero”, añadió la mujer de finas cejas y pelo corto.

En su descargo comentó que “ante esta situación angustiante y no teniendo medios para subsistir y alimentar a mis dos hijos, ya que el denunciante no me pasaba alimentos para los dos más pequeños y con un estado de embarazo avanzado, y no sabiendo qué hacer con la hija que vendría decidí darla en adopción, pues apenas podía atender y alimentar a mis dos hijos a cargo de 3 años y de 1 añito apenas”.

Ante esto, no dudó en marcar que “el nuevo hijo ya no constituiría una carga, sino un grave problema, ya que no podía trabajar teniendo tres hijos pequeños. Ante esta situación no tenía otra salida que dar mi hijo en adopción, que era lo más beneficioso para la subsistencia de sus hermanos y el bienestar de la niña, procedí a darla en adopción en forma legal”.

En la justificación, agregó: “Que ante esta alternativa opté por lo más lógico, el derecho a la subsistencia de todo ser humano y procurar el bienestar de mis hijos y qué más que darla en adopción a aquellas madres que Dios no les ha permitido concebir y que ansían convertirse en madres de corazón, por lo que en lo más íntimo de mi ser me llevó el gran sentido de humanidad”.

“Creo que las notas publicadas en Paraná no me hacen ningún daño, pero sí se lo hacen a todos los padres adoptivos, y principalmente a todos los pobres niños que son adoptados”, reseñó la madre denunciada.

Por otra parte, aclaró que “(Marcelo) Ríos no es mi esposo, ni es ningún changarín, ya que trabaja como vigilador en una empresa de seguridad. Él no vive en Santa Elena y sí lo hace en La Paz”. Notificó que ella trabaja de empleada doméstica en la casa de un contador.

El malestar de Galván con el denunciante parte de que “él ahora se presenta como padre ejemplar, pero previamente para decir que es el padre deberá iniciar juicio de paternidad y someterse a análisis de ADN. Él antes tenía una pareja que lo abandonó por ser un hombre golpeador hacia su mujer y sus hijos, y a mí me pasó lo mismo”.

Finalmente dijo: “No soy una madre asesina, nada me hubiese costado matar a mi hija con un aborto, cuando me recriminó que no era el padre, preferí darle la vida”.

Trámite legal

El juez de Instrucción Carlos Trajtemberg informó a UNO que “la bebita está inscripta a nombre de la madre de sangre, pero además hay un proceso de guarda judicial preadoptiva que se tramita en la Justicia Civil y Comercial”.

Estimó que “hasta el presente se observa que no hay una supresión de documento ni ocultamiento de persona ni ninguna acción irregular. Es decir que el trámite legal sería lícito”.

Reconoció el juez que “la mujer entregó en el Juzgado 1.800 pesos, pero hasta el momento no está acreditado que el dinero haya formado parte de una operación de venta del niño”.

Por otra parte, dijo que no le constaba que el matrimonio que inició el trámite de adopción sea de Comodoro Rivadavia. En la charla telefónica el juez comentó que “la mujer estaría arrepentida del trámite iniciado, por lo que habrá que determinar una posible intervención del Consejo del Menor en caso de que esa acción se mantenga”.

Sobre el dinero, remarcó que “con la experiencia que tengo, en general existen muchos casos de adopción. Se da el caso de personas muy humildes que entregan en adopción legal el hijo y reciben dinero para el mantenimiento del resto de la familia, compra de comida, mejore la educación o la subsistencia. Pero esa sola acción no constituye un delito”.

Trajtemberg opinó que esto se podría solucionar, “implementando en la provincia un registro de bebés de adopción, con una lista que es auditada por la Justicia. En la actualidad las adopciones se dan por un convenio previo entre la madre de sangre y los padres adoptantes”.

Sin embargo, aclaró que “existe el delito de intermediación ilícita, que se da cuando una persona junta dos partes para cometer un delito en la tenencia de un bebé fraguando la identidad u ocultándolo”. A paso siguiente, reseñó que “existe una intermediación que es la de juntar a dos partes para que en el juzgado realicen la adopción, y por ese trámite no está probado hasta el momento que el abogado haya cobrado una comisión u honorarios”.

Frente a esto, es que el juez deberá resolver sobre la denuncia presentada y determinar los pasos a seguir. (UNO)