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Un grupo de legisladores justicialistas se hizo eco de los reclamos de justicia del padre del chico y presentó en el Senado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con una pena máxima de cinco años de castigo en centros especiales para los jóvenes que cometan delitos graves.

La posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores fue descartada en 2004 por los legisladores, pero el nuevo escenario puede deparar una sorpresa con daños irreparables para una sociedad que quiere justicia a cualquier precio.

La primera ley de protección a menores surgió en Estados Unidos, copiando la Ley de Protección Animal. En la actualidad hay una ley del proceso militar vigente: la Nº 22.278 modificada durante la democracia, cuando se estableció elevar el procesamiento de menores de 14 a 16 años. Esta norma continúa fijando el procedimiento para tratar a los menores en conflictos.

Legalmente, imputar a un menor de un delito significa que comprende el mal que ocasiona a otros con su acción.

La iniciativa que diseñó la justicialista Sonia Escudero (Salta), y acompañaron Laura Pass de Cresto (Entre Ríos) y Sergio Gallia (Neuquén), establece que en ningún caso el encierro podrá superar los cinco años en jóvenes de 16 y 17, y los tres años para los que tuvieran 14 y 15.

La intención del proyecto es que “pueda servir de base a la necesaria continuidad del debate que debemos seguir sosteniendo sobre este tema, el que sin duda se verá enriquecido por los nuevos aportes que se concreten sobre tan delicada cuestión”. Según la legisladora salteña, su proyecto está en línea “con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. La iniciativa prevé un régimen penal especial para menores de 18 años, diferenciado del de los adultos, y establece medidas para “fomentar el sentido de responsabilidad personal y de integración familiar y social del joven”.

Profesionales opinaron acerca de la iniciativa, y en ningún caso encontró una respuesta a favor del proyecto. Para algunos “sólo se trata de otro recurso demagógico para mantener ocupada a la sociedad y no tratar el tema de fondo, que es la marginalidad, la exclusión y la falta de educación”. Para otros la inseguridad es producto de un sistema económico que golpea a sectores más carenciados sin brindarles una oportunidad.

Algunos profesionales indicaron que “lo que se trata de hacer es barrer la basura debajo de la alfombra y no de hacerse cargo del drama de la niñez excluida”. El aumento de las penas o la mayor represión nunca generó más seguridad. Las modificaciones solicitadas por Juan Carlos Blumberg tuvieron el aval de más de 4 millones de personas, que firmaron su petitorio a favor del endurecimiento del Código Penal y “no fueron una salida a la inseguridad”, indicaron profesionales en la materia.

Opiniones

• Arsenio Mendoza, defensor general de Pobres y Menores del Superior Tribunal Justicia: “El derecho penal es excepcional y no se puede aplicar pena como remedio para los problemas sociales. En el tema menores hay una traba legal que está establecida en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que es la palabra ‘capacidad’ que no es lo mismo que imputabilidad. Se inventan sistemas mixtos alternativos para disfrazar la pena. Los chicos adoptan la violencia como fuente de poder porque tuvieron una infancia violenta con mamaderas vacías y camas frías, padres ausentes y una infancia trunca, en la que no recibieron afectos. Antes de barrotes y celdas hay que hacer viviendas y brindarles educación. Es más fácil pelearse con los nenes que con la Iglesia. No hay política de Estado para ayudar a la familia. En todas estas ecuaciones se pelea contra los niños. El broche de oro del modelo es la cárcel”.

• Guillermo Mulet, penalista, indicó: “Creo que no soluciona la cuestión. Hay que mejorar el tratamiento de los menores en conflicto. Comprometer más a los padres. Es plenamente inimputable un menor a los 16 años a pesar de lo que dicen los partidarios de la doctrina Blumberg”.

• José Ostolazza, abogado penalista de Concepción del Uruguay: “Me parece que tienen que ser inimputables. Si bien es cierto que hay un montón de delitos cometidos por chicos, son por el factor social. Hay una falta de valores que se transmiten de los padres a los hijos. Imputar a chicos es una barbaridad. No hay educación. No alcanzan a comprender la criminalidad de sus actos. Mandarlos a la cárcel es para que salgan delincuentes profesionales”.

• Alberto Silva Velasco, defensor oficial y de menores: “No se va a solucionar nada bajando la edad de imputabilidad. Aplicando esa teoría va a llegar un momento que vamos a meter presos a chicos de 10 años. Hay que trabajar para que los adultos, que son los que tienen que formar a esos chicos hasta los 21, tengan una dignidad laboral para poder darles estudio. ¿Qué vamos a ganar deteniendo a chicos si las cárceles no cumplen las normas constitucionales básicas? ¿Vamos a hacer galpones y apilarlos adentro? La seguridad no pasa por encerrar a una persona. Cuando el pueblo encuentre la dignidad, va a tener más seguridad.

• Daniel Alle, defensor de Pobres y Menores de Gualeguay: “Considero que bajar la edad para imputar a los menores es una salida que no corresponde. Hay que buscar otro tipo de salida. Los menores deberían estar en otra cosa, como dedicados al estudio. Vamos a llenar las cárceles de chicos. El Estado tendría que poner esfuerzo para implementar una política de salidas laborales y educacionales. El Derecho Penal es excepcional y no se pueden aplicar penas como remedio para los problemas sociales”.

• Dora Jávega, titular del Consejo provincial del Menor: “Funcionarios de la mayoría de las provincias estuvimos en desacuerdo que se considere como única alternativa. Fijamos una postura en la provincia hace dos años, cuando fue el efecto Blumberg. Hay que plantear un proyecto de justicia juvenil penal con programas de tratamientos y prevención para que lleguen a mejorar su conducta. Hay que prevenir, no encerrar”.

La ley que se aplica en otros países

• España: el mínimo es de 14 años para exigir responsabilidad penal. La ley tiene un criterio de reeducación y formación e impone un máximo de ocho años de reclusión en un instituto. Los tribunales tienen características especiales.

• Italia: los menores pueden ser procesados y condenados a partir de los 14 años. En el país no hay una criminalidad infantil significativa, y los chicos presos no llegan al 1%. Los tribunales de Menores los componen dos jueces y dos expertos en problemática del menor.

• Reino Unido: en Inglaterra la responsabilidad criminal se aplica desde los 10 años, igual que en Gales e Irlanda del Norte. En Escocia el límite baja a 8 años y en la República de Irlanda, a 7. Los especialistas sostienen que no es la solución e intentan una modificación.

• Francia: los menores de entre 13 y 16 años son procesados por delinquir en juzgados de infancia. Pueden ser enviados a prisiones especiales, pero sólo por delitos de extrema gravedad, ya sea homicidio o violación, y sus condenas corresponden a la mitad de la de un adulto. (Fuente: UNO)