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“En este proceso de buscar alternativas para mejorar el transporte, se han acercado empresarios que están hoy brindando el transporte público en otras provincias, para interiorizarse cómo se presta el servicio en Paraná y han comentado lo que hacen ellos, el tipo de unidades que utilizan”, explicó el funcionario, quien a su vez comentó que gente de Transporte de la Comuna ya viajó hacia las ciudades donde operan esas empresas para observar de cerca el trabajo.

Tras la crisis registrada en abril que desembocó en un paro y en una suba del precio del boleto, la Comuna empezó a valorar alternativas. En ese marco, se inició la elaboración de pliegos de licitación para dos ramales (líneas 4 y 5) y tras los sucesos de esta semana, se comenzó a considerar con mayor firmeza la posibilidad de hacer un “llamado completo” de la concesión, dijo González. “Y creo que ahora se empezaron a acelerar los tiempos”, anunció.

La actual concesión fue otorgada en octubre de 2002 a las empresas agrupadas en la Asociación del Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP) y concluye en el mismo mes de 2007. Si bien la posibilidad de dar por caído el permiso ha sido barajada por las sucesivas gestiones cada vez que el servicio ha hecho agua, nunca se avanzó más de la “advertencia”.

Ahora, González sostuvo que el Gobierno podría dictar la caducidad de la concesión mediante un decreto, pues fue prorrogada de la misma forma hace cinco años, para convocar a un nuevo proceso de licitación.

“Tienen interés en prestar el servicio en Paraná”, afirmó el jefe de Gabinete ante la consulta sobre el nivel de acercamiento logrado entre transportistas de otras provincias y el municipio. Las firmas en cuestión serían dos: una de Rosario, que posee el 50 % del servicio en esa ciudad, y también opera en Santo Tomé; y otra de Santa Fe.

Si bien González evitó dar detalles de la procedencia de las transportistas, informó que la Comuna observó que “la calidad del servicio que brindan en sus lugares de origen es de buena a muy buena”.

Por otra parte, el funcionario dijo que la Comuna viene trabajando en la elaboración de pliegos de licitación de algunos ramales. La idea “es reforzar” las líneas que dependían de las dos empresas que fueron sacadas de circulación: Martín Fierro y Urquiza. Concretamente, la intención es agregar líneas en las dos que cayeron (5 y 4), puntualizó González para asegurar que en 2006 se producirá el llamado a licitación.

En cuanto al panorama del servicio en la ciudad, planteó diferencias entre las prestadoras. Dijo que mientras una empresa (La Victoria), tiene “actitudes” tendientes a mejorar la prestación —mencionó, a modo de ejemplo, que ha incorporado unos 28 vehículos y ha unificado colores—, no ocurre lo mismo con la otra (Mariano Moreno). En ese marco, expresó que el Gobierno esperaba que la suma de ramales a las dos empresas que quedaron en pie, redundara en una mayor rentabilidad de las firmas y por consiguiente en más unidades, más recorridos y una mejor calidad de prestación. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido, concluyó.

Julio Barci, refutó la posición del sector gremial que refiere a que en abril se había firmado un acuerdo del pago del 20 %. “Ellos parten de que había un convenio. Pero hicieron una lectura equivocada del acta porque no había obligación de nuestra parte de pagarle ningún aumento. Lo que había era una propuesta condicionada a un incremento de ingresos. Si no hubo más ingresos, la posibilidad no se concretaba. Y como no los hubo...”, dijo. El empresario dijo que sí hubo acuerdo con el pago del 16 % en abril, lo que elevó el salario inicial de un chofer a 1.879 pesos. A ese monto, se le suman 132 pesos mensuales, lo que ubica el haber mínimo en más de dos mil pesos, dijo. Adelantó que la posición empresarial no variará, pues reiteró que “no están en condiciones” de abonar un peso más.

Por otra parte, causó sorpresa en el sector empresarial el hecho de que el dictado de la conciliación obligatoria haya demorado 12 horas. Finalmente, ayer a partir de las 12, entró a regir la conciliación obligatoria dictada por la Dirección provincial del Trabajo en la controversia entre transportistas y choferes. Con la medida, los colectivos volvieron a circular y se aplacó el malhumor de los miles de usuarios, que desde el martes a primera hora quedaron sin servicio debido al paro de los choferes que reclamaban el pago de un 10 % de aumento en los sueldos de julio. La medida del organismo provincial surgió varias horas después de que recrudeciera el conflicto, cuestión que causó interrogantes en distintos ámbitos. Uno de ellos fue el sector empresarial.

Con la resolución tomada, el titular de Trabajo, Oscar Balla, informó que el próximo lunes, a las 9, se realizará la primera reunión de la partes en el marco de la conciliación dictada por 10 días. Durante ese lapso, el servicio se deberá prestar con normalidad. “Se dictó la conciliación obligatoria dado que ayer (por el martes) se llevó a cabo una audiencia y no hubo acuerdo ni posibilidades para continuar charlando”, dijo el titular de Trabajo.

Además, añadió: “Como había una medida de fuerza adoptada por los trabajadores, preocupado por la situación y por las necesidades de la comunidad, me junté con la gente del sindicato y, luego de charlar, decidí dictar la conciliación a partir de las 12”.

De ayer al lunes, Balla dijo que se espera haya variaciones en las posiciones que el martes se mantuvieron rígidas e irreconciliables: los trabajadores exigen el pago de un incremento del 10 % en julio y de otro 10 % en agosto fijado en un acuerdo sellado en abril y los empresarios sostuvieron que esa suba estaba condicionada a que la firmas registraran una mejora en sus ingresos. Ese mayor flujo de recursos estaba supeditado, a su vez, a dos vías: una mejor distribución de los subsidios nacionales o una nueva actualización tarifaria. En la primera alternativa seguirá trabajando la Comuna, mientras que la segunda está “totalmente descartada”, reiteró ayer el Jefe de Gabinete, Jorge González.

Por su parte, el secretario general del gremio de choferes, Juan Carlos Dittler, dijo que de no llegar a un acuerdo durante los 10 días de la conciliación, los trabajadores seguirán con su plan de lucha. “Nuestro objetivos es lograr la recomposición salarial”, dijo el dirigente. El dirigente recordó que “están vencidos todos los plazos conciliatorios”. (APF)