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ediante el decreto 7560 del 7 de noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo ordenó a la Fiscal de Estado Claudia Mizawak a que desista del proceso judicial en la causa iniciada contra la Municipalidad de Paraná por la propiedad del balneario “Los Arenales”, considerando que “la resolución del litigio por medio de una sentencia judicial provocará solamente perjuicios para los contribuyentes de toda la Provincia y en especial los de la ciudad de Paraná”.
La misma determinación se tomó sobre la medida cautelar con prohibición de innovar y contratar que el Gobierno había comenzado contra el empresario Sergio Lifschitz, lo que impedía la continuidad del emprendimiento del country.
Con esta determinación, el Gobierno provincial declinó el reclamo por la propiedad de los terrenos lindantes al Túnel Subfluvial conocido como balneario “Los Arenales”, lugar donde el empresario comenzó hace unos años la construcción de un barrio privado, previa anexión de otra parcela que, según manifestó, se generó por retiro de las aguas del río Paraná.
Mizawak comentó en mayo pasado que la causa estaba demorada por cuestiones formales y explicó a esta Agencia su visión sobre el tema , adelantando que recomendaría al Gobernador Busti una salida consensuada .
Tras esto, el 6 de octubre pasado se produjo una audiencia de partes a petición de la Fiscalía de Estado en la que convinieron una suspensión de los plazos judiciales por espacio de 20 días. Con posterioridad, la dependencia que conduce Mizawak estimó que “luego de una análisis del juicio en la forma en que trabada la litis y las consecuencias y/o eventuales perjuicios que las distintas alternativas de sentencia podrían llegar a provocar, tanto al Estado provincial como a la Municipalidad de Paraná, corresponde adoptar una decisión respecto a la conveniencia de su continuación resolviendo optar por el desistimiento de la acción judicial poniendo fin al litigio mediante este procesamiento procesal”.
El desistimiento de la Provincia está condicionado a que todas las partes intervinientes lo acepten en forma expresa en el expediente judicial, a que las costas se declaren por el orden causado y que todos los codemandados renuncien a cualquier reclamo de daños y perjuicios ya iniciados o a iniciarse en el futuro con motivo de esta demanda y su medida cautelar.
Fiscalía de Estado ya presentó el escrito correspondiente en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4, donde se tramita la causa, y la semana previa a la pasada Navidad las partes comenzaron ser notificadas de la determinación que la Provincia había tomado. Las renuncias expresa a las acciones por daños y perjuicios en contra del Estado provincial podrían comenzar a ser llevadas ante el Tribunal a partir del 1º de febrero, cuando termine la feria judicial. (Fuente: APF)
