A

sí, durante el primer trimestre del año se registraron 1.166 reclamos en la Defensoría del Pueblo de Paraná y “el tema casi excluyente que concentró las actuaciones de la institución, se vinculó con el incremento de las tasas municipales (Tasa General Inmobiliaria y Tasa por Servicios Sanitarios)”, difundió la Defensoría. “El 91 % de los reclamos se refirió a la vulneración del derecho al acceso de los servicios municipales; un 6 % de las presentaciones correspondió a la vulneración del grupo de derechos económicos, sociales y culturales y un 3 % a dificultades en el ejercicio de derechos civiles y políticos”, se desglosó.

CRONOLOGÍA. En febrero y marzo, el reclamo que concentró el trabajo en la Defensoría del Pueblo fue el incremento de las tasas municipales. En esos meses se recibieron 588 reclamos por el incremento de la Tasa General Inmobiliaria, que se reunieron en una actuación de oficio para la realización de la recomendación 1/06. En el documento, la defensora adjunta, Martha Benedetto, analizó los fundamentos del aumento, observó los aspectos cuestionables y solicitó, entre otras cosas, la revisión del cobro de fondos fijos. A partir de la emisión de la recomendación (el 24 de febrero), no se registraron —estadísticamente— más reclamos y, en cambio, se procedió a brindar información sobre la actuación de la Defensoría a los ciudadanos que continuaron acercándose a la institución para manifestar su disconformidad con el aumento.

Pero cuando empezaron a llegar las boletas de la Tasa por Servicios Sanitarios, “se produjo una nueva afluencia masiva de ciudadanos a la institución, registrándose aproximadamente 420 quejas más, referidas al incremento de la tasa”, se lee en el comunicado de prensa de la Defensoría. A partir de estos nuevos reclamos, se reinició un registro —con fines estadísticos— y se explicó a los ciudadanos que la recomendación, el instrumento más fuerte que posee la institución para incidir en la modificación de situaciones que resulten injustas, fue elaborada teniendo en cuenta ambos aumentos, a partir del análisis de la ordenanza tributaria 2006. “También se puntualizó que, resultando ésta la máxima instancia de intervención de la Defensoría, sólo resta que quienes tienen la facultad de tomar decisiones hagan lugar a los contenidos de la recomendación”, aclaró finalmente el área de prensa de la Defensoría.