Domingo 13 de agosto de 2006
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Paraná
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Arenales: abogados piden una reunión urgente con Solanas
Los patrocinantes de las vecinas Irma Barriento y Adriana González en el juicio promovido contra el Estado provincial y terceros en el que se sostiene “la dominialidad pública de la playa Los Arenales”, están solicitando una audiencia ...

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a preocupación de los abogados —Ema Bargagna, Carlos Jozami, Santiago Reggiardo, Jaime Martínez Garbino y Jorge Daneri— surge de la palabra “negociación”, pronunciada por el subsecretario de Planeamiento municipal, Gastón Grand, cuando anunció que la Comuna buscaría “un acuerdo” con el empresario Sergio Lifschitz para que la ciudad vuelva a tener la playa Los Arenales. Y advierten por eso al Intendente que el titular del barrio privado “no tiene derecho a percibir un solo peso del erario público, dadas las condiciones por las que ocupó bienes de dominio público”.

“ILÍCITO”. La preocupación de los abogados surge del sentido que se le da generalmente a la palabra negociación, en tanto “tratos” que implican “transferencia de fondos públicos a favor de intereses privados”. Por eso dicen que sería un “error destinar un solo peso para favorecer a un emprendimiento asentado sobre bienes del dominio público provincial” pues “Los Arenales son un bien de dominio público provincial y por lo tanto intransferible, fuera del comercio, inajenable y cuya acción de reivindicación es imprescriptible”. Agregan que “el terreno que aparecería como objeto de negociación es obra del refulado de arena de la draga que construyó el Túnel y por lo tanto es un bien de dominio público”. Entonces entienden que “cualquier acto de disposición de fondos públicos que se hiciera fundado en una negociación por la playa Los Arenales configuraría un acto ilícito reprochable a los funcionarios que lo otorguen o consientan”.

RAZONES. “Queremos explicar al Intendente cómo viene el tema con el terreno que están negociando: ese título que armó Lifschitz a través de una declaración ante escribano para anexar la playa al predio que había comprado al Banco Municipal no tiene valor desde el punto de vista jurídico ni patrimonial porque el terreno no es producto de un aluvión sino que resultó de la arena que arrojó allí la draga cuando se construyó el Túnel”, explicó la doctora Barbagna en diálogo con EL DIARIO. “Queremos una reunión urgente con él porque sabemos que es una persona que ha tenido algo de prudencia en varias oportunidades”, consideró por último.

POR DECRETO 7.560, DEL 7 DE NOVIEMBRE PASADO, el gobernador Jorge Busti instruyó a la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, para que desista del reclamo de las tierras de Los Arenales. En el argumento más fuerte, conocido recién a mediados de enero, se lee que “la resolución del litigio por medio de una sentencia judicial provocará solamente perjuicios para los contribuyentes”. El desistimiento de la Provincia está condicionado a que las partes intervinientes lo acepten y que todos los codemandados renuncien a cualquier reclamo de daños y perjuicios y a los honorarios. El tema fue motivo de pormenorizados estudios realizados por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que en 2002 concluyó que las tierras eran públicas, de la provincia, e instaba a los poderes a recuperar el patrimonio. Después del desistimiento, dos vecinas de Paraná iniciaron un juicio contra el Estado provincial y terceros por la “dominialidad pública” de Los Arenales y la inconstitucionalidad del decreto 7.560 dictado por el Gobernador en el que se ordena a la fiscal de Estado a desistir del proceso. En julio, la jueza de Primera Instancia número 4 Alicia Sacripanti se declaró incompetente, por lo que envió el juicio a la Sala Penal, que se reserva la decisión en materia constitucional. Los patrocinantes apelaron.

“La Comuna no pone un solo centavo”

El fiscal de Estado municipal, Martín Uranga, sostuvo que “la Municipalidad no pone un solo centavo” en la recuperación del uso público de la playa Los Arenales. Lo que quiere la Comuna es lograr un “acceso terrestre a la playa mediante un acuerdo con el Túnel” pues hay que trazar una calle sobre terrenos del ente provincial. Lo que sucede es que hasta hoy —dijo— “se pude acceder a la playa sólo por agua” pues por Ayacucho al final es imposible en razón de que “está intrusada”.

Ahora “hay un principio de acuerdo, que se inició en la audiencia con el gobernador Jorge Busti, para que el Túnel autorizase el cruce de la calle que viene del Thompson, pasa por el costado del Náutico y encima del viaducto”, explicó el fiscal.

JUICIO NO. Aunque para Uranga el permiso de uso otorgado por Sergio Varisco en el año 2000 “autoriza a construir un barrio en una zona de dominio dudoso”, la Municipalidad ha decidido negociar con la Provincia y el dueño del emprendimiento privado porque la Justicia “puede demorar 10 años”. Por eso, la Comuna intentará llegar a “un convenio en el cual la Municipalidad recupere la ribera, de la otra manera pierde todo, no tiene derecho a nada”, finalizó diciendo. (El Diario)

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