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Esto es así porque el incremento salarial absorbe la antigüedad que cobraban los funcionarios provenientes de la propia Administración Pública, reconocida por decreto 3713/02.

El cálculo de ATE es que sobre 335 funcionarios del Poder Ejecutivo, unos 180 tienen su carrera en el Estado. En esos casos y dependiendo de la antigüedad de cada uno, el impacto del aumento será menor a 45 %. Pero los otros, los que no tienen reconocimiento de antigüedad en el Estado, cobraron efectivamente un 45 % más a fin de año.

Como unos vieron mejorado el 45 y otros mucho menos, el promedio del aumento —medido presupuestariamente— es cercano al 30 %.

Un ejemplo: el sueldo de un director sin antigüedad era de 1.860 pesos. Quien eso cobraba hasta diciembre, ahora pasó a cobrar un 45 % más, es decir, unos 800 pesos de aumento. En cambio, si un director con antigüedad reconocida venía percibiendo por ese concepto, por caso, 500 pesos (además de los 1.860) ahora tuvo una mejora de sólo 300 pesos, su aumento de bolsillo no fue del 45 %.

En un análisis “integral” del decreto, ATE admite la razonabilidad de la medida, en tanto reconoce el atraso en la actualización de los salarios de los funcionarios, pero destaca que ese dato es “tan cierto, como que los salarios del conjunto de los estatales también padecieron el congelamiento, pero además con la característica de que se cristalizaron sus salarios bajos”. Reconocen también que las mejoras a los escalafones promediaron del 40 al 76 % respecto del 2003, pero observan que se trata de “recomposición de un salario bajo, congelado, devaluado y atravesado por los Bonos Federales”.

Aceptan que en algunos tramos el personal superior venía percibiendo ingresos inferiores al de su personal dependiente, pero los reconoce como “casos puntuales, producto de distorsiones que han generado políticas salariales anteriores que promovieron la dispersión en vez de la equidad”. Y subrayan que una gran porción del universo de los trabajadores estatales sigue teniendo, aún con las recomposiciones obtenidas, salarios que no alcanzan al costo de la canasta familiar completa.

“Se ha dicho que hay funcionarios a los cuales no se les debería aumentar un centavo, en esto hay algo de verdad, para ellos debe ser exigible el compromiso con el ejercicio de la función pública. Los funcionarios políticos sí deben poner militancia, incluso cierto sacrificio. Por más que sea cierto que en la actividad privada pueden ganar más, y por ello pierden si están en la función pública, esto es un argumento relativo, si no tienen compromiso con un proyecto político, que se dediquen a otra cosa. Esperamos que el Gobernador les exija más en este sentido”, destaca ATE.