Lunes 09 de enero de 2006
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Política
Los estatales piden un mínimo de 831 pesos
ATE y UPCN van a la negociación salarial con el Gobierno con el planteo de un sueldo inicial de 831 pesos, que se tome de base para el cálculo de las distintas categorías...

E

n el caso de ATE, reclaman el Régimen Jurídico Básico que el PJ no quiere aprobar en la Legislatura. El jueves podrán preguntar a Busti cuál es la voluntad política del Gobierno.

En la primera mitad del tercer gobierno de Jorge Busti se produjeron en materia de política salarial lo que desde los propios gremios estatales se define como una serie de medidas enmarcadas en el “reordenamiento de las cuentas públicas”, que se tradujeron en una recomposición para salarios congelados desde el año 1991y con poder adquisitivo deteriorado por la devaluación y la crisis de los Bonos Federales.

En ese sentido es que, como primera medida, se subieron los sueldos más bajos para alcanzar (a través de un código flotante) lo que llaman “salario social garantizado”, un piso que no puede ser perforado por ningún haber en la administración pública. Así es que hoy, y sin que esto necesariamente implique pertenecer a la categoría más baja, nadie en el Estado provincial cobra menos de 600 pesos mensuales de bolsillo.

Luego vino un período de aumentos diferenciados, para los empleados que no percibían adicionales. Y, posteriormente, los códigos remunerativos pero no bonificables se incorporaron al salario básico, lo que hizo que mejoren los ingresos para el conjunto, cobraran o no adicionales.

La última etapa fue la que dispuso, el año pasado, una recategorización general que, en los hechos implicó un nivel de recomposición más alto para las categorías más bajas, porcentualmente hablando.

A pesar de que las mejoras fueron notorias en términos porcentuales, el incremento no tuvo un impacto significativo desde el punto de vista del poder adquisitivo debido, sencillamente, a que se trata de salarios muy bajos, que continúan con ingresos por debajo del nivel de pobreza. De hecho, los 600 pesos de esa suerte de salario mínimo están atrasados en más de 200 pesos respecto a los 831,55 pesos de la Canasta Básica Total, que contempla las necesidades que debe cubrir una familia con dos hijos para no caer por debajo de la línea de la pobreza.

La etapa que se abre este jueves —el gobernador Jorge Busti se reúne a las 9 con la conducción de la UPCN y a las 11 con la de ATE— apuntará a la corrección de las distorsiones que los aumentos señalados produjeron en las escalas salariales. ¿Por dónde se empieza a recomponer un escalafón achatado? Los gremios coinciden en plantear que el primer movimiento debe apuntar al incremento de los básicos, siempre de manera remunerativa y partiendo de que la categoría más baja cubra la Canasta Básica Total, es decir, los 831,55 pesos, según la última medición del Indec. Desde ese salario inicial que cubre las necesidades mínimas, se debería avanzar —explica Edgardo Massarotti, secretario general de ATE— en una relación entre categorías “adecuada y razonable” para “evitar grandes brechas y distorsiones”.

—Esta discusión, que se presenta tan compleja, ¿se puede dar sin un marco como el que aportaría un Régimen Jurídico Básico?

—Creo que la discusión va a ser parcial si no se avanza en un marco normativo de regulación del empleo público, que es precisamente el Régimen Jurídico Básico y las Convenciones Colectivas de Trabajo. Esto debería llevar a discutir todos los componentes del salario con sus diferentes códigos. Es muy difícil hacerlo si no es en un marco más integral que por lo menos fije las líneas estratégicas hacia dónde uno quiere llegar y, en consecuencia, que todos los pasos se vayan dando en ese sentido.

—¿Cuándo se aprueba el Régimen Jurídico?

—Francamente estamos muy preocupados con las demoras producidas en este tema. Lo que salió de Diputados contiene errores conceptuales y situaciones muy graves, como el menoscabo de la estabilidad del empleado público, o que no se definen con precisión los Tribunales Administrativos que permitirían que el ingreso y el ascenso se haga por mérito. En el Senado supuestamente se iban a corregir estas cuestiones, pero lo cierto es que hoy no se cuenta con una herramienta que permitiría comenzar una discusión más ordenada.

—¿Lo que salió de Diputados apunta a que todo siga igual?

—Se busca evitar que existan normas claras en el ingreso y ascenso de los trabajadores y que se discutan con una visión integral todos los componentes del salario. Obviamente, no es una casualidad, sino que tiene que ver con una intencionalidad de no avanzar en ese sentido.

En la última sesión de 2005 de la Cámara de Senadores, el Régimen Jurídico figuraba en el orden del día. La conducción de ATE se hizo presente para reclamar las correcciones al proyecto de Diputados y el senador Mariano López (PJ) les prometió continuar el diálogo con los gremios, algo que ocurriría en febrero, tras el receso legislativo, contó Massarotti.

—El jueves pueden conocer de boca del propio Gobernador cuál es la voluntad política en este tema.

—Claro. Y hay que ir con números de cómo la inflación ha erosionado el salario y una mención precisa de la recaudación. Creo que son elementos centrales para una discusión salarial en serio.

—Nada fuera del Presupuesto.

—Si hay más ingresos también se puede ampliar.

—¿Lo que está presupuestado alcanza para hacer efectivo este año los conceptos de justicia y equidad que ustedes plantean?

—No, da la impresión que no. Pero en este período anterior hemos visto ampliaciones de partidas presupuestarias.

PARA ATE, EL AUMENTO DEL 45 % PARA FUNCIONARIOS POLÍTICOS tiene “razonabilidad”, porque “ciertamente son bajos, como en general son los sueldos de la administración pública”. Pero “también debe analizarse en profundidad qué es lo justo y qué es lo equitativo. Porque lo justo es que todos tengamos un salario acorde a nuestras necesidades como mínimo y a partir de allí la diferencia por funciones debe ser equitativa”. En un documento, el principal gremio estatal considera “imprescindible gestar o diseñar una política general integral de salarios con un sistema que, partiendo de un mínimo justo vaya enganchando todos los sueldos. Y que cuando hay aumentos para uno, los haya para todos; y cuando no hay para todos no haya para ninguno”. (El Diario)

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