P
or un lado la conjunción de agrupaciones estatales, que supo integrar la lista Unidad, defenderá que el control del instituto siga en poder de los trabajadores; mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se inclinará porque haya algún grado de injerencia del Estado, a juzgar por las expresiones de su dirigencia.
El 6 de febrero los 95.000 afiliados titulares a la obra social podrán participar de la consulta voluntaria y no vinculante a la que convocó el gobierno en base a lo dispuesto por una ley de la Legislatura. En esa votación se podrá optar por cuatro categorías de conducción del instituto: únicamente a cargo de los gremios, únicamente por el Estado, por el Estado con participación de los gremios u otro modelo de obra social.
La lista Unidad promoverá el voto por la primera de las opciones. UPCN, en tanto, se inclinará por la segunda o –con más chances– la tercera. “En general, lo que se puede percibir de parte de la gente es que el Estado no debe estar afuera de la obra social, porque es al que se recurre siempre que hay problemas de financiamiento”, dijo Carlos Sotelo, coordinador adjunto del sindicato.
De todos modos, el dirigente fue muy cauto a la hora de decir abiertamente la postura del gremio. Dijo que se vienen haciendo recorridas por la provincia para testear las opiniones de los afiliados, que continuarán en los próximos días, y recién sobre el fin de semana habrá un pronunciamiento público sobre el tema. De todos modos admitió que se impulsará “que tenga partición el Estado”.
Interrogado sobre su opinión personal, Sotelo señaló a diario Uno que el gobierno “no debe mirar para otro lado cuando la obra social no es eficiente en lo económico. En 2005 ha tenido un déficit de 6 millones de pesos y tuvo que recurrir al Estado provincial. No puede dejar de tener injerencia”.
También se refirió al modelo de gestión diciendo que “un directorio como el que está ahora, de siete miembros, no puede continuar; es el directorio más grande que existe”. En ese sentido, los convencería la opción de que exista un presidente y un vocal designados por el gobierno, un director por los empleados públicos activos y otro por los pasivos. Esto está contemplado en el polémico proyecto del senador Héctor Strassera que tiene media sanción del Senado.
UPCN, que motorizó la ley que dispuso la consulta a través de su titular y diputado José Allende, ya inició una campaña que por ahora sólo convoca a participar de la votación del 6 de febrero. Para eso pegaron afiches en varias dependencias de la administración pública provincial.
En la otra vereda se encuentran los gremios ATE, Agmer, los municipales, judiciales y legislativos, entre otros, que defienden la conducción exclusiva de los trabajadores y que se mantenga el actual rol del Estado limitado a controlar a través de sus organismos dedicados a tal fin.
Este sector se viene reuniendo para organizarse con miras a la consulta y hoy lo hará nuevamente, a las 10.30, en la sede de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
Ya está decidido que estos sindicatos harán una campaña de concientización en toda la provincia y no está descartado el armado de una lista de unidad para las elecciones del 6 de marzo, cuando deberán elegirse las nuevas autoridades de la obra social.
“Estamos absolutamente convencidos de que el Iosper es de los trabajadores. Es plata que sale de nuestros bolsillos y estamos dispuestos a defenderlo utilizando todas las herramientas que entendemos tenemos que usar”, dijo días pasados el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Edgardo Massarotti.
A este sector, y ya lo han dicho en reiteradas oportunidades, no le cayó bien la convocatoria a la consulta, ya que entienden que “la mejor consulta es la elección” para autoridades y la finalización de la actual intervención del gobierno. Fuente: diario Uno
