E
l proyecto de la diputada Romero había sido aprobado por el Senado en la sesión del 30 de noviembre, y la Ley (que lleva el número 26.068) fue publicada en el Boletín Oficial del 17 del corriente mes.
La iniciativa, además de cumplir con el objetivo de mejorar el servicio de justicia es conveniente también desde el punto de vista económico, dado que es suficiente con la creación de dos cargos con categoría de juez federal de Primera Instancia, a los que se les asignarán las secretarías y personal ya existente. Además, los juzgados actuales cuentan con edificios que permiten adecuar un despacho para el nuevo magistrado, evitando así el costo que hubiera implicado la construcción de otra infraestructura.
La diputada nacional por el PJ de Entre Ríos explicó que los nuevos Juzgados tendrán competencia Civil, Comercial, Laboral, de Ejecuciones Tributarias, Seguridad Social y Contencioso Administrativa; en tanto que el Juzgado ya existente de Paraná conservará competencia en materia Penal, Correccional, Penal Económica, Ciudadanía y Electoral; y el ya existente en Concepción del Uruguay seguirá entendiendo en material Penal, Correccional, Penal Económica y Ciudadanía.
Déficit
Romero recordó que en Entre Ríos funcionan solamente dos juzgados federales y en la actualidad afrontan un exceso de causas que torna dificultosa la tarea de impartir justicia de modo rápido y eficaz, “no obstante los reconocidos esfuerzos de los magistrados y empleados”. Añadió que, según las estadísticas del Poder Judicial, el incremento de las causas en los últimos tres años es del orden del 400%, por lo que la nueva norma resulta absolutamente necesaria para paliar el déficit de la administración de justicia federal en la provincia.
Desde hace más de un cuarto de siglo que diferentes legisladores entrerrianos, recogiendo las demandas de la comunidad local, han intentado mediante diversos proyectos lograr la creación de nuevos juzgados federales en la Provincia. Así lo hizo el Diputado Beheran (Frejuli) en 1975 y a pesar de la media sanción lograda, el golpe de estado paralizó la iniciativa. Luego Bernardo Salduna (UCR) en 1983, con el advenimiento de la Democracia, intentó nuevamente el objetivo, sin éxito. Más adelante hubo proyectos de los legisladores Rodolfo Parente (en 1985), Salduna (nuevamente en 1990), Alcides López (en 1992), y más recientemente los diputados Terragno y Gil Lavedra, y luego Ricardo Lafferriere, se esforzaron por lograr el objetivo que se había propuesto en los ’70 el doctor Beheran. Pero, por diversos motivos, las iniciativas se frustraron.
Fundamentos
Al fundamentar el proyecto la diputada Rosario Romero mencionó el notable incremento de causas registradas en los últimos años (según las estadísticas, en los últimos tres años el aumento de causas entradas es del orden del 400%), sumado ello a la circunstancia de su competencia universal, ha producido una situación de excesiva acumulación de expedientes. También aludió al cada vez más creciente tráfico comercial del cual es escenario nuestra provincia por su ubicación geográfica, que la transforma en paso obligado de todo el movimiento económico-social que ha generado el MERCOSUR.
“Los habitantes de Entre Ríos, que generosamente conceden su territorio para el paso de las riquezas de las naciones hermanas y estoicamente soportan las consecuencias, muchas veces indeseadas, del incesante tráfico, merecen, en el área del Poder Judicial de la Nación, una respuesta que permita vislumbrar un futuro mejor” expuso la legisladora. Y adelantó que “las estadísticas permiten inferir que ese movimiento seguirá incrementándose por lo que, la solución propuesta, en principio, atiende mejor a dichas necesidades”. Además, recordó que “la jurisdicción federal entrerriana, que existe desde los albores republicanos, y que siempre ha contribuido al progreso de la Nación, reclama una reparación histórica que satisfaga sus necesidades”.
