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Por empezar, no es el gobernador Jorge Busti, sino el presidente de la Nación la única autoridad que puede presentar un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia.

Busti anunció que promoverá un recurso ante la Corte de La Haya y, por primera vez, la Argentina recorrerá el correcto camino para formular una queja por la controversia que la separa con Uruguay.

Tal como explicó el constitucionalista Daniel Sabsay (Ver: Las plantas de papel, el río y las normas) , que pocas horas después citó Busti para fundamentar su decisión, el marco regulatorio adecuado para solucionar el conflicto es el Estatuto del Río Uruguay, un tratado celebrado por los dos países en 1975. Ese convenio internacional prevé un mecanismo para la solución de las diferencias que pudieran surgir entre ambos países.Toda vez que un emprendimiento en uno de los países pueda afectar la cuenca del río Uruguay, el país que encara esas obras debe consultar al otro Estado, que en este caso sería la Argentina.

Aparentemente, Uruguay no dio ese primer paso. Entonces, correspondería pasar al segundo paso, que Sabsay describe como una instancia conciliatoria ante la Comisión Arbitral Río Uruguay (CARU). Pero tampoco ninguno de los dos países consultó a la CARU.

La decisión de recurrir a la Corte Internacional de Justicia pondría remedio a esa situación, según explica el citado jurista. Pero, en este punto, hay que tener en cuenta algunas particularidades.

La primera es que el escrito debe llevar la firma del presidente de la Nación y no la del gobernador. En segundo lugar, el recurso, que se presenta en La Haya, tiene muchas formalidades, que deben ser respetadas.

Tercero, los procedimientos en instancias internacionales no son necesariamente rápidos y pueden demorar hasta dos o más años.

Sabsay aconsejó pedir una "medida cautelar", para que el tribunal internacional disponga la suspensión de las obras mientras se lleva adelante el caso. Finalmente, es previsible que la Corte, que es un tribunal permanente, para asesorarse en un tema de esta naturaleza nombre a varios expertos, algunos independientes y otros con el consenso de cada país. La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes.