I

Los bloques Integración y la Red, de la Cámara de Diputados de la provincia, adelantaron su apoyo al pedido que se formulará al Gobierno nacional para que presente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin de dirimir el conflicto con la República Oriental del Uruguay (ROU) por la instalación de las pasteras.
Así lo informaron los diputados Oscar Grilli y Lucy Grimalt, al término de sendas reuniones que mantuvieron con el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino para conversar sobre el tema.
Tras comentar que el otro integrante del Bloque Integración, Antonio Mainez, no pudo participar de la reunión con las autoridades provinciales por problemas familiares, Grilli precisó que recibió “información sobre todo lo actuado por la provincia y la nación, y me entregaron el proyecto de resolución por el cual se le pide al Gobierno nacional que recurra a La Haya para tratar este problema”.
“Vamos a acompañar esta petición”, enfatizó, al tiempo que resaltó que “es importante conseguir que se suspenda la construcción de las papeleras hasta que nos digan de qué forma van a producir la pasta de papel”. “La única forma de producción no contaminante es la no utilización de cloro”, acotó.
Finalmente, Grilli consideró necesario “tratar lo antes posible” el proyecto de resolución e insistió en que “hay que utilizar todos los instrumentos legales al alcance para poder detener la construcción de una producción de dioxina impresionante que se va a evaluar en las estadísticas de cáncer en las próximas generaciones”.

Grimalt acompaña

Por su parte, tras el encuentro con el primer mandatario, la diputada Grimalt adelantó que su bloque unipersonal acompañará el proyecto de resolución que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, no obstante lo cual dio cuenta que analizará los considerando de la iniciativa para sugerir la incorporación de algún concepto.
“Estuvimos analizando el texto del proyecto en el que se le pide a la Nación que denuncie a Uruguay por la instalación de las papeleras contaminantes”, dijo la legisladora de esta fuerza política, antes de dar cuenta que habrá dos resoluciones: una por la Cámara de Diputados y otra por la Cámara de Senadores.
La presentación ante el máximo tribunal internacional “es una de las acciones que estaban previstas”, comentó la diputada provincial, no sin antes advertir que “es fundamental analizar cuál es el momento propicio para elevar esta demanda, ya que como Estado tenemos la responsabilidad de analizar las implicancias políticas de este tipo de denuncias”.
Dicho esto, Grimalt resaltó que junto a esta presentación analizó con el gobernador el tema del Mercosur en el marco de esta controversia con el Uruguay. “Todos sabemos que para nuestros países es estratégico el proyecto del Mercosur y aquí estamos con un conflicto muy serio con el Uruguay”. Al respecto, se preguntó por qué “los mismos mecanismos del Mercosur no pudieron hoy dar instancias para solucionar este problema, ya que lo que queremos es que se pare la instalación de las papeleras para poder analizar el tema sin la presión que significa el ritmo acelerado que han tomado las obras”.
Cabe señalar que en las reuniones participaron, además, el ministro de Gobierno, Justicia, Justicia, Educación y Obras y Servicios Públicos, Sergio Urribarri, y el subsecretario de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, Gabriel Moguilner.

La UCR comparte

El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Fabián Rogel, afirmó que apoyarán el proyecto de resolución mediante el cual se solicitará al Gobierno nacional que presente una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y así se dirima el conflicto suscitado con el vecino país por las pasteras contaminantes.
“Estuvimos y estaremos siempre en la lucha del pueblo de Gualeguaychú”, sostuvo el legislador y en ese marco señaló que acompañarán el proyecto de resolución, por considerar que “la instancia de La Haya es fundamental”.
Por su parte, el diputado provincial Osvaldo Fernández detalló que en el encuentro transmitieron la necesidad de que se presente, además de la denuncia ante el tribunal de La Haya, “una medida precautoria o provisional, para exigir la inmediata paralización de la construcción de las plantas”.
Al respecto, el apoderado legal de Busti y Guastavino, Juan Carlos Vega, señaló que es “perfectamente posible recoger la inquietud del Partido Radical, pero no desde la parte dispositiva, porque estará quebrando la estructura jurídica de la resolución”.
Dicho esto, estimó que “tendrá el mismo valor en la parte de la exposición de motivos incorporar una frase pidiendo el Gobierno en defensa de los intereses de los entrerrianos que haya una medida cautelar”.
A su turno, también en referencia a la modificación que propuso el radicalismo, Urribarri aclaró que las iniciativas que van a ser tratadas en la legislatura son proyectos de resolución, es decir que son exclusivas de ambas cámaras y no las eleva el Ejecutivo. En este caso serán elevadas por los legisladores justicialistas y “tienen la posibilidad plena de ser modificadas, tanto en comisión como en el recinto”.
Finalmente, el diputado Fernández hizo hincapié en que seguirán “aportando ideas y propuestas” y subrayó que “la unidad en la lucha es muy importante”.
En el encuentro estuvieron presentes también los diputados radicales Eduardo Solari, Alba López, Horacio Giorgio, Arturo Vera y Héctor Monzón y el senador Luis Luna, además del subsecretario de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, Gabriel Moguilner, y la asesora legal Romina Picolotti.

La semana próxima se formalizaría el pedido ante la Nación

El ministro de Gobierno, Sergio Urribarri que, una vez aprobados entre el martes y el miércoles los proyectos de resolución a través de los cuales la Legislatura entrerriana peticionará que se denuncie al Estado uruguayo ante la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno provincial formalizará la solicitud ante la Nación.
El titular de la cartera política de la provincia anunció, además, que los diputados Beatriz Montaldo y Juan Domingo Zacarías (Concertación Entrerriana) le anticiparon que respaldarán el proyecto de resolución.
Al realizar una evaluación de los encuentros que mantuvieron el gobernador Jorge Busti y el vicegobernador Pedro Guastavino con los diputados de los bloques de la UCR, La Red e Integración, Urribarri dijo que “el hecho de que concurran a una convocatoria de esta índole es muy significativo”.

La presentación

Por otra parte, el especialista en derecho internacional, Juan Carlos Vega, quien también participó de los encuentros, explicó que “a la estructura jurídica de la demanda internacional” que se va a presentar ante la Corte de La Haya “la va a hacer la Cancillería y si el Gobierno de Entre Ríos es escuchado en su pedido, va a tener plena participación procesal; la idea es esa”, precisó.
En cuanto a la posible presentación de una medida cautelar para que se detenga la construcción de las plantas de celulosa mientras dure el proceso de la demanda ante la Corte Internacional, dijo que “si va anexa o integra la demanda va a ser una cuestión de estrategia final, que se va a decidir finalmente”. El letrado advirtió que personalmente “yo la recomendaría”, pero en función del “ajedrez” que se plantee dentro de dos o tres meses, que es el tiempo va llevaría elaborar la presentación. De todos modos, anticipó que de recomendar la inclusión de una medida cautela “no lo diría jamás, porque estaría alertando a mi adversario”.
En otro tramo de sus declaraciones, Vega agregó que la decisión de ir a la Corte de La Haya “no quiebra ninguna estrategia, sino que significa que una etapa se agota y comienza otra, y que todo lo actuado en estos seis meses es base y sustento para esto otro”, apuntó.
En cuanto a los plazos que llevará el proceso, hizo notar que “en el Río de la Plata no hay antecedente alguno de una demanda de este tipo planteada en la Corte de La Haya. Todo lo que se pueda decir es a nivel teórico o de precedentes que se dieron básicamente en Europa”.
En este marco, consideró que “lo que hay que valorar es la decisión política de la Argentina de acudir por primera vez en su historia de 160 años a este tribunal internacional. Ni siquiera acudimos en Malvinas”, graficó.
Finalmente, reiteró que “no hablaría de nada que tenga que ver con la estructura minuciosa de la demanda, porque significaría alertar al adversario y si yo fuese el abogado, lo que quiero es ganar”.

Busti puso a disposición el texto

El gobernador Jorge Busti puso esta mañana a disposición de los diputados de la oposición el texto del proyecto de resolución a través del cual la Legislatura entrerriana peticionará al Gobierno nacional que demande al Estado uruguayo ante la Corte Internacional de Justicia La Haya por las papeleras, y que en esa actuación procesal internacional se de intervención activa a la provincia de Entre Ríos.
“En ejercicio de los derechos constitucionales es nuestra obligación peticionar ante el Gobierno nacional que, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por Argentina y Uruguay, lleve el caso de las plantas de pasta de celulosa ante la Corte Internacional de Justicia, denunciando y demandando al Estado uruguayo, a fin de que la República Oriental del Uruguay asuma su responsabilidad jurídica por los daños en vidas humanas y propiedades que tales emprendimientos causarán en territorio entrerriano”, resaltó el Ejecutivo en los considerando de la iniciativa.
En este sentido, se aseguró que “la instalación de industrias plantas de pasta de celulosa sobre la vera oriental del río Uruguay, por su impacto ambiental contaminante transfronterizo, constituye un tema de alta gravedad institucional”.
Tras ello, se señaló que el Poder Ejecutivo provincial “ha emprendido y ejecutado acciones jurídicas y políticas tendientes a defender los intereses provinciales en foros nacionales e internacionales”, y como prueba de ello se adjunta el detalle de los realizado desde agosto de 2005 hasta hoy.
En este marco, se pone de relieve que “todas las acciones han sido legitimadas por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, expresión de la población afectada por la contaminación, y fueron avaladas por el Gobierno nacional”.
Luego, se consigna que “la intransigencia del Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha impedido abrir espacios de negociación para considerar el legítimo reclamo de Entre Ríos, como territorio impactado por la contaminación generada en un río binacional compartido”, y que “no debe confundirse el reclamo del Gobierno y pueblo entrerriano con ningún nacionalismo o chauvinismo, sino la clara expresión de la defensa de nuestra propia calidad de vida”.
Luego, al exponer las razones para la aprobación del proyecto, el Poder Ejecutivo hace hincapié en que, “en realidad, estamos frente a un verdadero test sobre el modelo de integración que queremos y sobre la calidad de inversiones que nuestros países necesitan”.
Es en este sentido que se deja en claro que “siempre hemos creído en la eficacia final de los instrumentos del derecho como mecanismo de solución de todo tipo de conflictos, más aún de estos de nivel internacional, y muy particularmente creemos en la eficacia del derecho de los derechos humanos”.
Más adelante, se pone de manifiesto que “en la vía judicial internacional que se peticiona abrir ante la Corte Internacional de La Haya, el Poder Ejecutivo entrerriano deberá ponerse a disposición de las autoridades nacionales legitimadas para promover la instancia judicial internacional, a los efectos de tener activa y plena participación procesal y ser actor indispensable en cualquier acuerdo internacional que se arribe, como sujeto secundario del titular de la acción por su directa afectación”.
Finalmente, se sostiene que “en defensa del medio ambiente y los derechos humanos de nuestros comprovincianos y connacionales y los derechos constitucionales a la vida y al medio ambiente sano, teniendo en cuenta que es competencia de la Corte Internacional de Justicia entender en el presente conflicto”, es que "solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente”.

El texto del proyecto de resolución es el siguiente:

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
R E S U E L V E
ARTICULO 1º): Peticionar al Gobierno Nacional que, en ejercicio de los derechos procesales internacionales, denuncie e inicie las acciones con relación al Estado de la República Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, petición que formulamos conforme las atribuciones y deberes constitucionales que tenemos como Estado Provincial Federado, en virtud del artículo 1º de nuestra Carta Magna Nacional y en base a los fundamentos contenidos en la presente.
ARTICULO 2º): Afectándose fundamentalmente derechos humanos de nuestros representados, peticionar al Gobierno Nacional, como representantes del pueblo argentino, que en la actuación procesal internacional se de intervención procesal activa a la Provincia de Entre Ríos, a través de quienes se sirva designar el Poder Ejecutivo Provincial.
ARTICULO 3º): De forma.

FUNDAMENTOS

Que este Poder Legislativo ha considerado en forma concordante y desde hace tiempo, la necesidad de protección al medio ambiente, sancionando entre otras , las leyes referidas a nuestros ríos libres de represas (Ley 9092) y la ley que declara a Entre Ríos libre de plantas de celulosa(Ley Nº 9644). En consecuencia, la instalación de industrias plantas de pasta de celulosa sobre la vera oriental del río Uruguay, por su impacto ambiental contaminante transfronterizo, constituye un tema de alta gravedad institucional que compromete los intereses humanos y económicos de la Provincia de Entre Ríos y de todos sus habitantes, los que consideramos debemos, en concomitancia con las acciones legislativas referenciadas, garantizar nuestra calidad de vida, por representar nada más y nada menos que la protección de nuestras vidas y la de de nuestros conciudadanos..
Que tales emprendimientos decididos unilateralmente por el Uruguay, al margen de sus obligaciones internacionales, implicarían la producción anual de pulpa de celulosa más grande del mundo y verterán al río Uruguay 109.600.000 metros cúbicos de efluentes líquidos tóxicos al cabo de cuarenta años.
Que los denunciados verterán además al suelo, aire y agua, diferentes residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se consideran peligrosos conforme la ley nacional Nº 24.051. (Ley de Residuos Peligrosos).
Que actualmente existen en el Uruguay 700.000 Hectáreas de plantaciones de eucaliptos genéticamente modificadas y además, que tales plantaciones constituyen la materia prima de la producción que se pretende, actividad industrial ésta definida por la directiva 96/61 del Consejo de Europa, como gravemente contaminante y altamente peligrosa para la salud humana.
Que, conforme tal convicción, el Poder Ejecutivo ha emprendido y ejecutado acciones jurídicas y políticas tendientes a defender los intereses provinciales en Foros Nacionales e Internacionales.
Que se adjunta como parte integrante de los fundamentos y, dándolos aquí por íntegramente reproducidos y como Anexo I de la presente, el detalle de tales acciones desarrolladas desde Agosto de 2005 hasta el presente.
Que todas las acciones del Poder Ejecutivo han sido legitimadas por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, expresión de la población afectada por la contaminación.
Que todas las decisiones del Gobierno de Entre Ríos estuvieron siempre avaladas por el Gobierno Nacional.
Que la intransigencia del Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha impedido abrir espacios de negociación para considerar el legítimo reclamo de Entre Ríos como territorio impactado por la contaminación generada en un río binacional compartido.
Que no debe confundirse el reclamo del Gobierno y Pueblo entrerriano con ningún nacionalismo o chauvinismo, sino la clara expresión de la defensa de nuestra propia calidad de vida.
Que en realidad estamos frente a un verdadero test sobre el modelo de integración que queremos y sobre la calidad de inversiones que nuestros países necesitan.
Que siempre hemos creído en la eficacia final de los instrumentos del derecho como mecanismo de solución de todo tipo de conflictos, más aún de estos de nivel internacional y muy particularmente creemos en la eficacia del derecho de los derechos humanos.
Que, en ejercicio de los derechos constitucionales que como Estado Federado tenemos en un Estado Federal como la Argentina, es nuestra obligación peticionar ante el Gobierno Nacional.
Que, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por Argentina y Uruguay, lleve el caso de las plantas de pasta de celulosa ante la Corte Internacional de Justicia, denunciando y demandando al Estado uruguayo, a fin de que la República Oriental del Uruguay asuma su responsabilidad jurídica por los daños en vidas humanas y propiedades que tales emprendimientos causarán en territorio entrerriano.
Que en tal vía judicial internacional que se peticiona abrir, el Poder Ejecutivo entrerriano deberá poner a disposición de las autoridades nacionales legitimadas para promover la instancia judicial internacional, a los efectos de tener activa y plena participación procesal y ser actor indispensable en cualquier acuerdo internacional que se arribe, como sujeto secundario del titular de la acción por su directa afectación.
Que todo lo actuado ante la CIDH y ante el Banco Mundial, consideramos debe ser puesto a disposición del Estado Nacional.
Que, en defensa del medio ambiente y los derechos humanos de nuestros comprovincianos y connacionales y los derechos constitucionales a la vida y al medio ambiente sano, teniendo en cuenta que es competencia de la Corte Internacional de Justicia entender en el presente conflicto, conforme la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en especial en su Capítulo XIV, el Tratado del Río Uruguay, el Estatuto del Río Uruguay, el Estatuto y el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, todo en concordancia con los tratados internacionales que se enumeran:
-Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969. -Tratado Internacional de la ONU sobre el Uso no Navegable de los Cursos de Agua Internacionales.
-Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos(1989).
- Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR del año 2001.
-Declaración de Estocolmo del año 1972 y
-la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza y utilización de armas nucleares.
Es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente por los fundamentos y en los términos expresados.
Dios guarde a V.E.
Paraná, 27 de enero de 2006.
ANEXO I
Setiembre/octubre de 2005:
Estrategia 1: neutralizar las sospechas infundadas de que la provincia de Entre Ríos pretende la instalación de las plantas en su propio territorio.
Acción: presentación de un proyecto de legislación que prohíbe la instalación de plantas de celulosa en el territorio de la Provincia de Entre Ríos.
Resultado: el proyecto de legislación se aprueba por unanimidad.
Estrategia 2: involucrar a un organismo internacional independiente e imparcial y garante de los derechos humanos en la solución del conflicto.
Acción: presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Uruguayo, con solicitud de medida cautelar. El Gobernador se reúne en audiencia privada con el secretario ejecutivo de la Comisión de Washington DC.
Resultado: La CIDH acusa recibo de manera inmediata de la presentación. A las 72 horas la CIDH solicita formalmente al Estado de Uruguay información sobre las consecuencias del funcionamiento de las plantas en los derechos humanos de la población. El Estado uruguayo responde.
Acción: se presentan importantes observaciones a la respuesta del Uruguay y se solicita audiencia para el próximo período de sesiones.
Resultado: la CIDH recepciona la solicitud de audiencia para la sesión de febrero/marzo.
Estrategia 3: a)obstaculizar el otorgamiento de créditos a las empresas. b)informar oportunamente al Banco Mundial y a la banca privada involucrada sobre el sentir del pueblo entrerriano.
c)responsabilizar legalmente por daño a quienes otorguen créditos para estos emprendimientos.
Acción: presentación ante la Ombudsman del Banco Mundial de una denuncia en contra de la CFI y de la OMGI. Se realizan una serie de reuniones con la Ombudsman y altos funcionarios del Banco Mundial y Estados Unidos. El Presidente envía una carta de preocupación al Presidente del Banco Mundial.
Resultado:la Ombudsman visita la zona en conflicto, realiza un informe desfavorable para la CFI y la OMGI, realiza una auditoría sobre el proceso y se posterga el tratamiento por parte del directorio del otorgamiento de cuatrocientos millones de dólares a las empresas y se comienza la evaluación del impacto transfronterizo hasta ese momento no estudiado. La CFI publica el primer borrador del EIAc -El Gobierno de Entre Ríos lo impugna. La impugnación es recepcionada por el Presidente del Banco Mundial.
Noviembre de 2005:
Acción 4: presentación de una denuncia ante ING y el Banco Bilbao Vizcaya. Resultado: ING contesta favorablemente a la denuncia: no otorgará los créditos por el momento y convoca a una reunión.
Estrategia 5: producir información técnica sobre el impacto de las plantas en el desarrollo económico. Acción: se contrata a un equipo técnico independiente e imparcial de alto nivel, con profesionales reconocidos a nivel internacional para realizar el estudio. Resultado: los técnicos se incorporan a la Comisión Binacional; Cancillería Argentina incluye estos estudios en la posición que adopta la delegación argentina en la comisión.
En los próximos días se presentará el mismo como base técnica a la impugnación formal realizada al EIAc de la CFI.
Diciembre de 2005:
Estrategia 6: federalizar la posición de la provincia de Entre Ríos.
Acción: se convoca a los representantes de la provincia de Entre Ríos ante el Estado Federal para informar sobre el conflicto y los avances realizados.
Resultado: se detiene embarques en la aduana argentina.
Enero de 2006:
Estrategia 7: responsabilizar legalmente a las empresas y sus directivos por la contaminación que producirán en recursos naturales argentinos. Acción: presentación de una denuncia penal en la justicia federal por tentativa de comisión del delito de contaminación regulado en el derecho penal argentino.
Estrategia 8: unificar y compartir esfuerzos con el Estado Federal.
Acción: se realizan durante todo el año una serie de reuniones con el Presidente que culminan en enero de 2006 con la federalización del conflicto. Se presenta un proyecto de legislación para requerir al Estado Federal la elevación del conflicto al tribunal de La Haya.