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El diputado Juan José Bahillo (PJ-Gualeguaychú) destacó que la tecnología que usarán estas plantas ya está prohibida por la Unión Europea y que lo que “exigimos es los mismos parámetros de calidad y control que la Unión Europea”; además reiteró que “no queda otra que solicitar la acción de máxima y exigir la paralización de las obras”.
Desde la UCR, el diputado Osvaldo Fernández (Gualeguaychú) y el presidente del bloque, Fabián Rogel (Paraná) defendieron la actuación de su partido en el conflicto. Fernández afirmó que “hemos tenido participación activa y permanente presencia” a la vez que retrucó al oficialismo “nadie nos puede señalar como ausentes en esta lucha” y señaló que el radicalismo propuso anteriormente la denuncia en La Haya y el oficialismo respondió que era incompatible con la estrategia legal, por lo que lamentó que con la comisión Binacional se haya “dilatado el tiempo”.
Además el legislador radical pidió que “no se agote la acción con la presentación en La Haya” y propuso la creación de una comisión de seguimiento integrada por profesionales independientes y los miembros de la Asamblea Ambientalista.
Por su parte, el presidente del bloque Justicialista, Emilio Castrillón (La Paz) defendió el accionar del gobierno que privilegió el “diálogo con nuestros hermanos” hasta agotarlo y que al final Uruguay “nos demostró que no le importa el MERCOSUR, ni la hermandad de los pueblos”.
La diputada por la Red, Lucy Grimalt expresó un “gran dolor” por la situación con Uruguay, a la vez que se manifestó respetuosa de la gestión de Tabaré Vásquez consideró que la actual situación latinoamericana permite llegar al debate sobre que desarrollo se pretende para la región.
El diputado Julio Aldaz (PJ) propuso modificar los fundamentos de la Resolución para que incluya los informes de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro del año 2005 aprobada en Santa Fe y el proyecto de Resolución del CRECENEA del 15 de abril del 2005 aprobado por el Foro de Legisladores en Posadas (Misiones) que se opone a la instalación de las papeleras en Uruguay.
En su alocución el diputado Juan Domingo Zacarías de la Concertación Entrerriana destacó la necesidad de “proteger hacia el futuro la salud de nuestros ciudadanos” debido a que “ha habido un proceso de deterioro y falta de responsabilidad respecto a este tema”. El legislador defendió el accionar de la Asamblea y expresó que los cortes de ruta son “educativos y culturales” y que en ningún momento hubo “daño o insulto”, aunque se desvió del tema al acusar al oficialismo por la conducción de la Municipalidad de Paraná y su política respecto de obras públicas como red de cloacas que hacen a condiciones de sanidad para la población y protección del medio ambiente; a lo que el reciente diputado Bescos respondió con firmeza asegurando que no era el momento de tratar el tema, ya que el objetivo de la sesión era consensuar una posición firme respecto al conflicto de las papeleras.
Bescos además detalló paso por paso la estrategia del gobierno provincial, se refirió a la legislación vigente y señaló la cantidad de informes que demuestran el impacto perjudicial que estas plantas ocasionarán al medio ambiente y la vida de los entrerrianos.
Zacarías no tuvo problemas en replicarle que "la administración del ex Banco Municipal no habla de buenas gestiones", con lo que se escuchó desde las gradas un grito unánime al estilo cancha de fútbol cuando se yerra un gol casi hecho. Los pares justicialistas pidieron que "se dejen de joder con la interna de Paraná", y se pasó al tema central..
En tanto, el diputado Horacio Giorgio (UCR- Concordia) denunció que en el año 98 las publicaciones periodísticas dan cuenta de que el Gobernador Busti no sólo estaba al tanto del proyecto de Uruguay sino que además impulsó la radicación de plantas celulosas en Entre Ríos y con buen criterio Castrillón pidió que se borré de los registros, a fin de no empañar el consenso obtenido en el tratamiento del tema, ya que eso podría beneficiar a los uruguayos.
Finalmente, el texto fue aprobado con modificaciones y pasa al Senado que está convocado para sesionar martes y miércoles a las 20 hs y jueves a las 11 hs. El texto que Diputados confeccionó quedó redactado de la siguiente manera:

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º): Peticionar al Gobierno Nacional que, en ejercicio de los derechos procesales internacionales, que derivan de la instalación de plantas de producción de pasta celulósica en territorio uruguayo en forma unilateral y en flagrante violación del tratado del Río Uruguay denuncie e inicie las acciones jurisdiccionales incluidas las medidas previas para que en forma provisional ordenen la paralización de las plantas a efectos de evitar daños insalvables al medio ambiente, contra la republica oriental del Uruguay ante la Corte de Internacional de La Haya, petición que formulamos conforme las atribuciones y deberes constitucionales que tenemos como Estado Provincial Federado, en virtud del artículo 1º de nuestra Carta Magna Nacional y en base a los fundamentos contenidos en la presente.

ARTICULO 2º): Afectándose fundamentalmente derechos humanos de nuestros representados, peticionar al Gobierno Nacional, como representantes del pueblo argentino, que en la actuación procesal internacional se de intervención a la Provincia de Entre Ríos, en las acciones señaladas en el artículo 1º a través de quienes se sirva designar el Poder Ejecutivo Provincial.

ARTICULO 3º): De forma.

FUNDAMENTOS

Que este Poder Legislativo ha considerado en forma concordante y desde hace tiempo, la necesidad de protección al medio ambiente, sancionando entre otras , las leyes referidas a nuestros ríos libres de represas (Ley 9092) y la ley que declara a Entre Ríos libre de plantas de celulosa(Ley Nº 9644). En consecuencia, la instalación de industrias plantas de pasta de celulosa sobre la vera oriental del río Uruguay, por su impacto ambiental contaminante transfronterizo, constituye un tema de alta gravedad institucional que compromete los intereses humanos y económicos de la Provincia de Entre Ríos y de todos sus habitantes, los que consideramos debemos, en concomitancia con las acciones legislativas referenciadas, garantizar nuestra calidad de vida, por representar nada más y nada menos que la protección de nuestras vidas y la de de nuestros conciudadanos.

Que tales emprendimientos decididos unilateralmente por el Uruguay, al margen de sus obligaciones internacionales, implicarían la producción anual de pulpa de celulosa más grande del mundo y verterán al río Uruguay 109.600.000 metros cúbicos de efluentes líquidos tóxicos al cabo de cuarenta años.

Que los denunciados verterán además al suelo, aire y agua, diferentes residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se consideran peligrosos conforme la ley nacional Nº 24.051. (Ley de Residuos Peligrosos).

Que actualmente existen en el Uruguay 700.000 Hectáreas de plantaciones de eucaliptos genéticamente modificadas y además, que tales plantaciones constituyen la materia prima de la producción que se pretende, actividad industrial ésta definida por la directiva 96/61 del Consejo de Europa, como gravemente contaminante y altamente peligrosa para la salud humana.

Que, conforme tal convicción, el Poder Ejecutivo ha emprendido y ejecutado acciones jurídicas y políticas tendientes a defender los intereses provinciales en Foros Nacionales e Internacionales.

Que se adjunta como parte integrante de los fundamentos y, dándolos aquí por íntegramente reproducidos y como Anexo I de la presente, el detalle de tales acciones desarrolladas desde Agosto de 2005 hasta el presente.

Que todas las acciones del Poder Ejecutivo han sido legitimadas por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, expresión de la población afectada por la contaminación.

Que todas las decisiones del Gobierno de Entre Ríos estuvieron siempre avaladas por el Gobierno Nacional.

Que la intransigencia del Gobierno de la República Oriental del Uruguay ha impedido abrir espacios de negociación para considerar el legítimo reclamo de Entre Ríos como territorio impactado por la contaminación generada en un río binacional compartido.

Que no debe confundirse el reclamo del Gobierno y Pueblo entrerriano con ningún nacionalismo o chauvinismo, sino la clara expresión de la defensa de nuestra propia calidad de vida.