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En sesiones simultáneas y con consenso previo en relación a los proyectos a debatir, diputados y senadores trataron algunos de temas incluidos en la orden del día.

La Cámara Alta le dio sanción definitiva a las modificaciones del artículo 95º Bis del Código de Procedimiento Penal de Entre Ríos, Ley Nº 4.843 de Derecho de Querella, a partir del cual se extiende a familiares directos e incluso al conviviente la posibilidad de presentarse como querellantes en causas, el artículo establece específicamente que “podrán ejercer este derecho, las siguientes personas: el cónyuge supérstite, sus herederos forzosos, la persona que haya convivido en aparente matrimonio con el difunto, los parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive o su último representante legal”.

Carla Cusimano y Elena Alipio miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes, estuvieron presentes en el recinto y expresaron su emoción por la sanción de la Ley que “esperamos tanto tiempo”. Alipio consideró que la Ley de “mucha importancia porque ayuda a mucha gente que están en iguales condiciones y ahora vamos a poder pedir justicia”.

Cusimano aseguró que “todavía nos quedan pendientes otros proyectos, como el testigo de identidad reservada, que es fundamental y otras modificaciones del Código Procesal Penal”.

En el Senado no se trato el proyecto del senador de Islas, Eduardo Melchiori (PJ) por el que se crea al Instituto Provincial del Agua (IPA) dentro de la jurisdicción de la Secretaria de Obras Públicas y será tratado la próxima sesión. Esta entidad funcionará como organismo de derecho público, descentralizado, autárquico y de naturaleza multidisciplinar. Funcionaría en la ciudad de Paraná y “tendrá capacidad para actuar pública y privadamente de conformidad con las disposiciones de la presente ley, con competencia sobre el agua de la provincia de Entre Ríos”.

Con este instituto se intenta dar “una administración sustentable y adecuada de los recursos hídricos de jurisdicción provincial interviniendo en todos los proyectos de orden provincial, nacional e internacional que se vinculen con el aprovechamiento, desarrollo de las cuencas hídricas, incluidos los acuíferos subterráneos”.

El IPA será autoridad de aplicación de las leyes 8534 (de Atajarrepuntes); 9008 (Línea de Ribera); ley 9172 (Ley de Aguas) y del decreto 3413/98 de Aguas Termales y de toda otra norma que las sustituya y modifique.

También se establece en uno de sus artículos que “sucederá a los efectos legales, presupuestarios, patrimoniales y de recursos humanos a la Dirección de Hidráulica y a la Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos, para la ejecución de estudios, proyectos, gestión y otras de su competencia”.

Los alcances del IPA serán los siguientes: Ejercer la gestión, control, planificación, aprovechamiento y protección de los recursos hídricos en la totalidad del ciclo hidrológico y sus usos, de conformidad a la política provincial en la materia; formular el Plan Hidrológico provincial como consecuencia de la coordinación de los distintos planes hidrológicos de cuencas; articular la planificación hídrica con los demás sectores de Gobierno que planifican el uso del territorio y el desarrollo socio-económico; ejecutar los proyectos y obras necesarios para la Gestión y Planificación de los Recursos Hídricos Provinciales; otorgar los permisos y concesiones de Uso del agua; administrar sus bienes, adquirir inmuebles del dominio privado mediante convenio, licitación, remate público o expropiación y enajenarlos conforme a las disposiciones de esta ley y realizar todas las demás funciones vinculadas con los fines de su creación.

Diputados

En tanto, la Cámara Baja, aprobó una nueva prórroga de 180 días para las ejecuciones que tengan pendientes las entidades deportivas de la provincia. Este proyecto fue presentado por la bancada radical y contó con el apoyo unánime de todos los legisladores presentes.

Además, los diputados le dieron media sanción al proyecto impulsado por UPCN, que colmó las gradas del recinto, para regular la situación y autorizar,a través de esta modificación a la Ley Convenio del Registro Notarial del Propiedad Inmobiliaria, a que se utilicen determinados fondos para pagar a los trabajadores y de ahora en más el Colegio de Abogados deberá aportar al este fondo. El diputado del justicialismo, José Allende consideró que esta Ley “es importantísima y es sencilla”.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Fabián Rogel lamentó que “no se busque otra alternativa para que este fondo no perjudique al ciudadano, que debe pagar el incremento”.

Desde la Concertación Entrerriana, Beatriz Montaldo instó a llevar adelante “el debate del régimen jurídico para que todos los trabajadores tengan derecho a concursar sus cargos y a salarios dignos”.

Por lo que Allende se apresuró a replicar que “las responsabilidades por la demora del Régimen no le corresponden a esta Cámara que ya votó el proyecto y que ahora descansa en el Senado”.

Para la próxima sesión los diputados debatirían el proyecto de creación de la Comisión de Cuencas, consorcios y usuarios que ingresó a comisión en esta jornada.