E
n la misma resolución, el magistrado sobreseyó a Gerardo Sofovich, quien dirigió el canal desde el 30 de marzo de 1992 hasta su renuncia el 9 de diciembre del mismo año, aunque aclaró que lo hizo por prescripción del delito y recordó que sólo en ese lapso ATC SA perdió ocho millones de pesos.
Los procesados por Oyarbide, embargados en 15 millones de pesos cada uno, aunque sin prisión preventiva, fueron los ex directores del canal estatal convertido en sociedad anónima en el menemismo, Enrique Alvarez, Raúl Rico y el ex secretario privado de Carlos Menem, Héctor Fernández.
En estos casos, no resultaron beneficiados por la nueva ley que amplió los causales de prescripción de las causas penales, debido a que todos siguieron en sus cargos hasta 1995.
La resolución alcanzó también a tres empresarios que tuvieron contratos con el canal durante la trasmisión de los juegos Panamericanos de 1995 en Mar del Plata, un negocio que por sí sólo significó para ATC una pérdida de diez millones de pesos, resaltó el juez.
Los procesados con cinco millones de pesos de embargo para cada uno fueron Jorge Chamas, Leonardo Gutter y Antonio Rimondi, a quienes se acusó del delito de "partícipes necesarios de administración fraudulenta".
La causa judicial se abrió hace diez años, luego del fallido proyecto de convertir al canal estatal en una sociedad anónima para volverla competitiva y que terminó en su intervención después de una gestión de tres años que, según el estudio que consta en la causa, dejó pérdidas por 47 millones de pesos-dólares.
En su resolución, de aproximadamente medio centenar de carillas, el juez tomó determinadas operaciones, como la creación de ATC cable, para concluir que hubo "una pésima administración" que derivó en un "constante deterioro de la empresa".
"Lejos de lograr su objetivo, en un desorden administrativo y financiero colosal y gracias al resultado de emprendimientos empresariales espúreos y alatamente perjudiciales, se llegó a un calamitoso estado económico financiero que la obligó a presentar concurso de acreedores", algo que ocurrió en 1995.
Fue por derivación del juzgado comercial a cargo de la quiebra que se abrió la causa penal en 1996. La pesquisa recayó en el juzgado federal del luego renunciado Carlos Liporace y en el 2005 llegó al despacho de Oyarbide.
Luego, se sumó como querellante la Oficina Anticorrupción, que aportó informes que se sumaron a análisis negativos de esa gestión hechos por la Sigen y la Auditoría General de la Nación.
En particular, el juez analizó extensamente lo ocurrido con los Juegos Panamericanos en mayo de 1995 en Mar del Plata, de los cuales el canal estatal compró por tres millones de dólares los derechos exclusivos de televisación, además de manejar el 70 por ciento de la publicidad fija en los estadios.
Para eso subcontrató y cobró sumas inferiores a esos tres millones de dólares pagados en derechos internacionales a empresas vinculadas a los particulares procesados, International Merchandising, Merchandising Constultants y Prodomo.
En este caso, Oyarbide sobreseyó sin culpa a Sofovich porque el empresario intervino en gestionar los servicios ya no como parte del directorio sino por expreso pedido "de honor" del entonces presidente Menem, quien el 12 de agosto de 1994 había pedido por escrito dar "la mayor difusión" al evento.
El mismo Menem ratificó lo ocurrido al declarar por oficio en la causa poco tiempo atrás, ya como senador nacional.
"En verdad no se trató tan solo de un negocio fallido sino de otro producto más de la administración del canal, que junto con la participación de personas del sector privado causaron un gran perjuicio económico a la empresa", sostuvo Oyarbide sobre lo ocurrido con los Panamericanos.
El canal estatal fue convertido en sociedad anónima por un decreto de Menem, que dispuso además que el Estado asumiera sus deudas.
ATC SA empezó a funcionar con Sofovich a la cabeza del directorio, con un capital propio de 15 millones de pesos y otro tanto aportado por el Estado.
Según remarcó el juez en su resolución, cuando fue intervenido había acumulado un "pasivo de 30 millones" en sólo tres años con "todos sus ejercicios contables negativos".
Entre los datos más llamativos que resaltan en la investigación, figuró la compra de cámaras modernas para trasmitir los Panamericanos, que como fueron entregadas tras la finalización de esos juegos, quedaron olvidados en un depósito y nunca se usaron, algo que el juez tildó de "patético".
Otro tanto ocurrió con codificadores y decodificadores adquiridos en el marco del fallido proyecto ATC cable.
El magistrado también cuestionó la contratación de empresas externas para efectuar asesoramientos que podrían haber sido hechos por dependencias con las que ya contaba el canal estatal. (TELAM)
