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Desde el bloque oficialista, el diputado Emilio Castrillón (PJ-La Paz)consideró que "transcurrió demasiado tiempo sin que se presente otro despacho de comisión y sin que se le introduzcan modificaciones al existente" por lo que el proyecto de Reforma de la Cosntitución será incorporado en la orden del día para ser tratado en la próxima sesión del día 25 del corriente.

Por su parte, José Allende (PJ) se dirigió a "algunos pícaros que andan tirando volantes porque no se animan a enfrentarse a Jorge Busti y que hablan de valijas, les contestamos que vamos a dar el debate en el recinto y de cara al pueblo y para los que hablan de Banelco les decimos que sabemos que el viernes a las 20:15 funcionarios municipales citaron a un legislador que iba a votar a favor para tentarlo para que vote por la negativa"; según Allende la reunión duró casi dos horas y sólo se bebió agua mineral.

El diputado se negó a dar nombres y otros detalles, como le fuera solicitado por el diputado Osvaldo Fernández (UCR-Gualeguaychú) y anunció que esperaría "diez días hasta que se trate la reforma para que el legislador denuncie quien lo tentó y que le ofrecieron" y agregó que "los penales los atajan los arqueros, ¡que buen arquero que es el diputado Fernández!", a lo que Fernández respondió que sólo mantiene contacto con funcionarios municipales de Gualeguaychú.

Entre otros temas, en la sesión se debatió largamente la autorización para que el Poder Ejecutivo pueda garantizar con los fondos de la coparticipación nacional el pago de una deuda de $80 millones contraída desde el año 1892 con el Banco de Entre Ríos que no estaba establecida en el Convenio con el nuevo Agente Financiero, que debe ser abonada en ocho cuotas sin intereses.

Los bloques minoritarios no apoyaron la iniciativa y objetaron desde el origen de la deuda hasta la dependencia de la Provincia para con el Estado Nacional. Desde el Bloque Integración, Antonio Mainez (Concordia) reclamó que el oficialismo no brinda información sobre el origen de la deuda. Fabián Rogel presidente de la bancada radical, objetó el otorgamiento de esta "garantía especial de cumplimiento de deuda" que desde su punto de vista, "significa darle privilegios" al grupo Eskenazzi; y opinó que "este grupo no va a tener mucho tiempo al frente del banco".

En tanto, Lucy Grimalt (Red de Participación- Paraná) aseguró que "seguir afectando estos recursos nacionales es seguir restringiendo la autonomía sobre los recursos provinciales" y lamentó que "el Ministro Valiero no encuentre otra forma de defender los intereses de los entrerrianos".

El proyecto obtuvo la media sanción sólo con la mayoría del bloque justicialista.

Además los diputados aprobaron las modificaciones a la Ley que establece la metodología para concretar la venta del Ingenio Azucarero de Victoria. De acuerdo a la nueva redacción del texto, el artículo 1º establece que se ampliará la convocatoria de licitación a nivel nacional e internacional y que de no presentarse oferentes, el Estado podrá destinarlo a "cualquier proyecto productivo, agroindustrial, comercial, turístico o urbanístico". Según el diputado Hernán Vittulo, miembro informante por la mayoría, los fondos obtenidos de la venta del ingenio serán repartidos entre tres juntas de gobierno de Victoria, obras para los barrios de la ciudad y para el Hospital "Fermín Salberri", aunque Mainez objetó el término "cualquier" de la redacción del artículo y aseguró que no se tenido en cuenta la voluntad de la comunidad; además señaló que "siempre el ámbito público termina pagando las duedas de los privados" y recordó que la gestión anterior otorgó créditos sin garantías a los propietarios y que nunca fueron cobrados.

El radicalismo tampoco apoyó la Ley, argumentando el diputado Horacio Giorgio (UCR- Concordia) que el "método no es el correcto" ya que debería "convocarse a licitación pública, de fracasar se debe ampliar a nivel nacional e internacional, de declararse desierta se debe llamar a subasta pública y de declararse desierta, entonces si el Estado puede disponer del predio".

Finalmente, el proyecto se aprobó con los votos del justicialismo, Grimalt y la Concertación Entrerriana que según Juan Domingo Zacarías, sólo habría que tener en cuenta dos condiciones: que se privilegie a los desempleados de Victoria y que se le exija garantía a los compradores.