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l ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira, fue condenado por la Justicia entrerriana por el delito de abuso de autoridad reiterada. Pero no se trata de la única demanda planteada en su contra, tras su paso por el polémico organismo de control creado durante la gestión de Sergio Montiel y disuelto en los primeros días de la gestión de Jorge Busti.
Resabio de las denuncias de la FIA, contra funcionarios y ex funcionarios, hoy tramitan en Tribunales seis reclamos civiles contra Rovira por daños y perjuicios.
De los seis, tres fueron formulados por el ex secretario de Reforma y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori, condenado por el desvío de dos ATN por casi un millón de pesos. Otros dos fueron presentados por el ex ministro de Gobierno (1995- 1999), Faustino Schiavoni, actualmente a cargo del municipio de Nogoyá. Finalmente, el Gobernador realizó también una demanda luego de que se resolviera el archivo de varias causas en su contra. El planteo de Busti, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo de Roberto Croux, es el que ha dado más pasos en el proceso.
LA CAUSA

La acción por daños y perjuicios fue presentada por Busti contra Rovira en diciembre de 2002, con el patrocinio de las doctoras Claudia Mizawak —hoy fiscal de Estado— y Nanci Vinagre.
Entonces, el titular del Ejecutivo era senador nacional y reclamó un resarcimiento económico de 170 mil pesos en la demanda que no sólo alcanza a Rovira sino también a la Legislatura entrerriana de la que dependía la FIA. En el escrito presentado por las abogadas, se solicita que, de resultar favorable la sentencia, se consigne en ella que los fondos serán donados a Familiares para la Ayuda al Enfermo Hematooncológico de Entre Ríos (Faeher).
Por estos días, el juzgado a cargo de Croux trabaja en la recolección de pruebas a fin de resolver el planteo del mandatario entrerriano.

DENUNCIADO

En el escrito, se toma por caso una de las denuncias de Rovira que terminó por ser archivada en el juzgado de Instrucción a cargo de Ricardo González. El ex fiscal le endilgaba a Busti el desvío de Aportes del Tesoro Nacional con destino al Programa Federal de la Militancia Social (Profemiso) y al Programa Nacional de la Juventud (Pronaju).
Tras repasar los fundamentos del juez para archivar la denuncia, Mizawak y Vinagre abundan en otras causas contra el Gobernador que tuvieron el mismo destino en distintos juzgados de Instrucción: dos en el Nº 1 de González; dos en el Nº 4, de Héctor Villarodona; dos en el Nº 6, de Héctor Toloy; dos en el Nº 5, de Susana Medina de Rizzo; y otra más que tramitó en los Tribunales Federales de Paraná.
“Se puede entrever el odio personal o enemistad que ha llevado al demandado a tomar esta actitud, puesto que en estas actuaciones no se puede avizorar ningún tipo de elemento objetivo que permitiera deducir la posible comisión de un delito, ni siquiera existen pruebas que permitieran sospechar”, aseveran las abogadas.
Especialmente se hace hincapié en que Rovira “infringiendo deberes específicos a su cargo, al hacer públicas las denuncias por medios de prensa de distribución masiva (...) ha causado daños ciertos y concretos sobre la honra de las personas basándose en meras suposiciones o conjeturas”.
DAÑOS

En el texto que origina la causa, se concluye que el “obrar antijurídico del hoy demandado” suscitó “un grave perjuicio” al Gobernador “con trascendencia en su ámbito familiar, personal y político”. A la vez, se pone de relieve “el caracter público” de la persona del entonces senador nacional para quien tiene “superlativa importancia su imagen ante el pueblo y la visión que la comunidad en general pueda tener de sus gestiones de gobierno”.
Así, el reclamo se formula a fin de reparar el “daño moral” y el “daño psíquico”. En este sentido, se consigna que las denuncias de Rovira ocasionaron “graves y diversos daños en la psiquis” del acusado por lo que se ofrece una “prueba pericial psicológica” realizada por un profesional de la ciudad de Buenos Aires.
En la presentación, se solicita también que el ex fiscal sea condenado a “la difusión y publicación a su cargo de las partes pertinentes de la sentencia en dos medios gráficos locales”. (Fuente: El Diario)