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a papelera española ENCE, junto a la finesa Botnia, están construyendo dos plantas papeleras en Uruguay. Para financiar dicha planta, ENCE ha recibido un préstamo de 300 millones de euros del ICO (Instituto de Crédito Oficial), así como 400 millones de euros de un consorcio de 32 entidades financieras lideradas por BBVA, SCH y Caja Madrid. Ahora está intentado conseguir que CESCE (Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación) asegure la operación por si algo saliese mal.
Hay que recordar que la papelera que ENCE quiere instalar en el río Uruguay (que desemboca en Mar de Plata) tiene una férrea oposición en ambas márgenes del río (la argentina y la uruguaya) por los fortísimos impactos ambientales, económicos y sociales que supone. El proyecto de ENCE y Botnia implica la construcción de la papelera más grande del mundo. La planta de ENCE funcionará con la tecnología Kraft, que supone una liberación de dióxido de cloro al río fuertemente dañina para la salud humana y el medio natural.
Cabe consignar que esta tecnología ya la usó la misma empresa en Pontevedra, donde fue condenada por delito ecológico. La propia CAO (organismo fiscal del Banco Mundial) ya aseguró que en el caso ENCE "los Procedimientos de Evaluación Ambiental y Social no son los suficientemente rigurosos y fuertes".
La oposición social y el riesgo ambiental que supone el proyecto, han motivado que el banco holandés ING haya retirado el crédito que tenía pensado dar a la papelera Botnia para este mismo proyecto en Uruguay.
En teoría CESCE tiene, entre sus principios, el respeto ambiental de los proyectos que asegura. “Si asegura finalmente el crédito del ICO a ENCE, estará incumpliendo flagrantemente dichos principios”, afirman los opositores.
“Además, hay que señalar que una de las cosas que aseguraría CESCE en la planta de ENCE es el desmantelamiento de la planta por causas políticas. Es decir, que el Gobierno uruguayo decidiese cerrar la planta. Insistimos que en ese supuesto, nada improbable con la movilización que allí se está produciendo contra la celulosa, CESCE pagaría a ICO -es decir al Gobierno español- los 300 millones prestados más el 7% de intereses que ha dado a ENCE. Pero, posteriormente, el último responsable de dichos gastos sería el Gobierno uruguayo, que tendría que pagar a CESCE. Es decir que la inversión privada de una empresa española acabaría engrosando la deuda externa pública de Uruguay”, afirman los activistas.
Por información interna de CESCE -a la que algunas organizaciones ecologistas han tenido acceso- quedaría plasmado que en la compañía están preocupados por la presión a la que se están viendo sometidos por los movimientos sociales españoles, argentinos y uruguayos. Pero, por otro lado, también estarían recibiendo presiones por parte del Gobierno español para asegurar la operación de ENCE.
“Nos cuesta entender qué intereses puede tener el Gobierno para dicha presión, máxime en un momento en el que hay una moratoria en la construcción de la planta acordada entre los Gobiernos argentino y uruguayo. Moratoria que, por cierto, no se está cumpliendo”, afirma la asociación “Ecologistas en Acción”.
Todo ello se enlaza además con la próxima tramitación de la Ley de Responsabilidad Ambiental por parte del Gobierno español. En esta ley no se recogen las acciones de las empresas españolas en el extranjero, “lo cual consideramos que es una profunda laguna, como se pude extraer del caso de ENCE en Uruguay”, dicen los ecologistas.
Por último, es importante subrayar que este caso evidencia una vez más, en el marco de las actuales negociaciones en el Parlamento español sobre la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir los mecanismos de apoyo a la inversión española como CESCE o los créditos FAD, que no llevan sino a una continua generación de deuda externa, sin estudios previos ni control parlamentario de los impactos socio-económicos y ambientales.
