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��La Escribanía Mayor de Gobierno, junto con personal de la Fiscalía de Estado y de la Comisión Liquidadora de Safra, notificó a los ocupantes que debían abandonar esas tierras en un plazo determinado, pero no sólo que no se han ido, sino que hay más, lo cual ubica al empresario en una situación muy difícil”, precisó la funcionaria.Tras manifestar que “el empresario deberá realizar una denuncia por desalojo ante la Justicia por ser el titular dominial”, dijo que “el Estado no va a desentenderse del tema, porque en la oportunidad de la venta asumió el compromiso de que las tierras estarían libres de ocupantes”.
“Si en los próximos días el juez que entienda en la causa tomara la decisión de intimar a los ocupantes, los tiempos se acelerarían”, continuó diciendo la fiscal de Estado, quien finalmente agregó que “las tratativas extrajudiciales ya se intentaron y por eso ahora los tiempos serán los del Poder Judicial”.