Martes 04 de julio de 2006
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Política
Reasaltan la "diferencia" con la agencia privada Kroll que investigó a Busti por encargo de Montiel
La fiscal de Estado, Claudia Mizawak, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Luis Pedemonte, presentaron al gobernador Jorge Busti el adelanto de un informe elaborado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que apunta a fomentar la tran...

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obre el trabajo realizado por la UNL, la fiscal recordó que en el año 2004 el gobernador Busti firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción de la Nación, donde se acordó llevar adelante políticas que fomentaran la transparencia, adecuando la normativa de la provincia a la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción “que es el paradigma de lo óptimo en esta materia”.

Agregó que, en virtud de esto, la Oficina Anticorrupción de la Nación realizó un concurso para adjudicar el informe diagnóstico, el cual recayó en la Universidad Nacional del Litoral.

Explicó la funcionaria que dicha institución efectuó un relevamiento de cada uno de los organismos del Estado, la administración central y entes autárquicos del Ejecutivo y los poderes Ejecutivo y Legislativo, los que brindaron toda la información requerida; la normativa que los rige; su funcionamiento; compras; licitaciones y regímenes de bienes, entre otros, en base a lo cual se elaboró una serie de conclusiones, que deberán ser validadas por los distintos organismos en un seminario que realizará en el mes de agosto.

Diferenció que, si embargo, el actual relevamiento fue encarado y pagado por la Oficina Anticorrupción de la Nación, que seleccionó a la Universidad del Litoral entre diferentes universidades del país y a la cual la provincia se sometió. “Es decir, nosotros le entregamos toda la documentación y la información a nuestro alcance y ellos elaboraron las conclusiones”, apuntó.

Adelantó luego que algunas conclusiones del trabajo marcan claramente la necesidad de una reforma de la Constitución Provincial mediante una adaptación a la Constitución Nacional de 1994.

Explicó que también se marca en forma contundente la insuficiencia de ministerios y la necesidad de dotar a la Contaduría de la provincia con mayor cantidad de contadores auditores.

Agregó que el trabajo se completó, además, con un relevamiento de las oficinas no gubernamentales de la provincia, cómo están trabajando, cuál es la percepción que tienen de la corrupción de las normas existentes en la provincia, y sobre la información pública en los diferentes medios.

Por su parte, Pedemonte explicó que este diagnóstico, en primer lugar, se pondrá a consideración de cada uno de los organismos provinciales, de la sociedad civil y de los medios de comunicación para que se planteen consideraciones, para luego derivar en un debate público. “Todo ello para que, en una discusión pública, se continúe con ese programa o política de Estado, que implica ir acercando cada vez más el Estado a los lineamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, aseguró Pedemonte.

En este sentido, la fiscal Mizawak informó que esta instancia se llevará a cabo en la primera semana de agosto, con la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación, los organismos del Estado y quienes trabajaron en la elaboración del diagnóstico, es decir los investigadores de la Universidad Nacional del Litoral.

Ley de Etica Pública

En otro orden, Mizawak reveló que también dialogaron con el gobernador sobre el procedimiento que se lleva adelante respecto de la ley de ética pública. Indicó, en tal sentido, que por primera vez se puso en marcha en la provincia un procedimiento de norma participada, donde la sociedad civil y la ciudadanía pueden acercar sus propuestas y modificaciones al anteproyecto de dicha normativa que el Poder Ejecutivo ha elaborado.

Agregó que, en esta instancia, que se extenderá hasta el 31 de agosto, todos los vecinos y organizaciones no gubernamentales que deseen pueden hacer llegar las sugerencias a la Oficina Anticorrupción de la provincia. Tras este plazo se harán conocer las sugerencias, para luego entrar ya en la elaboración del proyecto de ley de ética pública, que será remitido a la Legislatura.

En este orden, Pedemonte apuntó que la idea esencial y el espíritu de esta iniciativa es también adaptar a legislación provincial las exigencias de Convención Interamericana. “En este sentido, lo que aparece como necesario en nuestra provincia es adaptar una legislación que está atrasada, reemplazándola por una ley de ética pública moderna que, entre otras cosas, establezca un sistema de declaraciones juradas que funcione como un mecanismo de prevención de ilícitos más que de sanción. Entonces, también es una decisión política del Estado provincial poner a discusión de la sociedad si quiere una ley de este tipo que se adecue a esas exigencias”, completó Pedemonte.

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