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a posibilidad de que el Poder Ejecutivo vuelva a intervenir el organismo podría derivar en desafiliaciones de municipales y docentes.
La disputa de poder que se ha desatado dentro del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) podría desembocar esta semana en la Justicia: el cuerpo mayoritario del directorio de la obra social prepara una presentación contra una serie de decisiones que adoptaron los dos interventores que designó el Poder Ejecutivo entre abril de 2005 y junio último, que encabezaron, sucesivamente, Miguel Sampietro y Ricardo Rizzo.
Los puntos sobre los que se asentará esa demanda se definirán en las próximas horas, aunque ya hay dos que son clave a juicio del directorio: el pago de 1 millón de pesos al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, cuando lo correcto hubiese sido que la obra social sea resarcida por la entidad por una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contraída por los farmacéuticos cuando operó la red de farmacias del organismo.
Por ese hecho, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos emitió un severo dictamen en el que alertó por “una seria falla en los mecanismos de control interno”. El otro aspecto que se cuestiona es haber dejado en manos del Colegio de Farmacéuticos la tarea de auditoría sobre el convenio prestacional, cuando esa tarea debió quedar en manos del Iosper, según explicó a EL DIARIO Silvio Moreira, presidente del directorio del organismo.
En esa presentación judicial, señaló Moreira, están trabajando tres abogados contratados por la obra social: Julio Rodríguez Signes (representante legal del sindicato de los empleados de la Legislatura), Verónica Fischbach (docentes) y Marcelo Baridón (Asociación Trabajadores del Estado), y se constituiría en una contraofensiva a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo materialice una nueva intervención.

ENTREVERO. El entredicho que tiene en el centro de la tormenta al Iosper —una obra social que da cobertura médica a casi 250 mil personas, y maneja una caja por encima de los 97 millones de pesos al año— nació casi en el mismo momento en que el Gobierno resolvió dejar en manos de los sindicatos del Estado su administración. Las elecciones para designar a los siete directores se aplazaron cinco veces, y cuando finalmente se concretaron, el mismo día que asumieron la Legislatura sancionó una reforma a la ley de creación del Iosper, e introdujo la figura del cogobierno, a través de una comisión fiscalizadora y un gerente general, designados por el Ejecutivo.
La entrada en vigencia de aquella norma, la ley 9.715, derivó en la puesta en funciones de los integrantes de la fiscalizadora, Ricardo Rizzo, Graciela Traverso y Ernesto Denis, y de la gerente general, Silvia Negrete. Y el comienzo de las hostilidades: el directorio dispuso designar a un reemplazante en el lugar que dejó vacante Negrete, empleada de planta del Iosper, cuando ésta asumió en la gerencia general. Pero esa designación fue dejada sin efecto por Negrete, que en ese puesto nombró a otra persona. No se trata de un cargo más: es el lugar encargado de la facturación de las prestaciones, unos 6 millones de pesos cada mes.
Aunque también, según explicó Moreira, directorio y fiscalizadora chocan respecto de las atribuciones de uno y otro. “Los miembros de la comisión fiscalizadora insisten con la pretensión del cogobierno, y se exceden en sus atribuciones. Esta semana nos mandaron a pedir copias de las actas de las reuniones de directorio, y eso no está establecido en la ley”, señaló Moreira.

DESAFILIACIONES. En medio, la posibilidad de una intervención es abonada con distintas versiones. El representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el directorio del Iosper, Ariel de la Rosa —que junto a Rubén Zaragoza, delegado de los pasivos, conforman la minoría— abonó la posibilidad de que se pueda llegar a una nueva intervención del Poder Ejecutivo. Dijo: “Espero que los cinco directores que están agrupados en una mayoría, depongan una actitud egoísta. Pero si esto sigue, indefectiblemente vamos camino a una intervención ya que parecen un grupo de perros peleándose por un hueso, en vez de preocuparse por el mejoramiento de la institución”.
Sergio Elizar, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), sostuvo sin embargo que ya “hay una intervención de hecho, porque el directorio está pintado”, aunque en caso de que el Gobierno resuelva desplazar al directorio, anticipó que el camino que quedaría sería el de la desafiliación masiva. “Este va a ser uno de los temas fuertes que va a tratar el congreso del sábado, aunque ese camino no se descarta”, planteó.
Una vía similar seguirían los municipales, tal cual lo resolvió ayer una asamblea de delegados en la que también se declaró “persona no grata” a Ariel de la Rosa. Y los judiciales, amparados en una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) van de a poco optando por otras prestadoras de salud.

Temen que se dé un ahogo financiero

El directorio del Iosper reclamó públicamente al Gobierno la autorización de una ampliación presupuestaria que le permita sortear sin inconvenientes el rojo financiero que arrastra el organismo y que pondría en riesgo las prestaciones médicas a sus 250 mil afiliados.
El pedido de autorización ya fue girado al Gobernador, por cuanto una ampliación presupuestaria sólo se puede dar por ley, y ronda los 34 millones de pesos, según contó a EL DIARIO Juan Patat, gerente administrativo de la obra social provincial.
Se trata, en realidad, de incorporar a los aportes personales de los afiliados los últimos aumentos salariales otorgados por el Poder Ejecutivo. “Como nuestros afiliados no hacen un aporte en suma fija sino en un porcentaje, al haber incremento de salarios, se incrementa el porcentaje del aporte”, dijo Patat.
Con los fondos con los que cuenta actualmente el Iosper sólo cubre el movimiento financiero hasta agosto próximo, por lo cual sin ese refuerzo presupuestario en septiembre podría generarse alguna complicación financiera. (Fuente: El Diario)