Lunes 10 de julio de 2006
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Política
Iosper: El Tribunal de Cuentas tildó de lesivo un convenio por $ 1 millón
Es Miguel Sampietro, aunque también quedaría involucrado Ricardo Rizzo, ahora miembro de la comisión fiscalizadora de la obra social. Un informe del Tribunal de Cuentas tildó de lesivo un convenio que firmó el primero y que terminó pagando el seg...

E

l desfase financiero que agobia al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) se traducirá a fines de mes en un hecho concreto, y antipático: la imposibilidad de hacer frente al pago de salarios al grupo de empleados que revisten en la categoría de contratados. El último día de junio se terminaron las partidas con que contaba el organismo para ese fin, y ahora aguardan un refuerzo presupuestario del Poder Ejecutivo.

La cuestión no parece menor: el 80 % de los médicos auditores que tiene el Iosper, cuya función es controlar el servicio que brindan los prestadores a los 250 mil afiliados de la obra social provincial, está en la categoría de contratado, según explicó a EL DIARIO el titular del organismo, Silvio Moreira. “Así como estamos, a fin de mes esa gente no va a poder cobrar. Y se trata de un área clave, que nosotros queremos reforzar, para poder determinar si lo que pagamos por prestaciones se paga bien o mal”, afirmó.

La Ley 9.715, que sancionó a mediados de junio la Legislatura y que supuso una modificación a la orgánica del Iosper, estableció la figura del cogobierno en la obra social: al cuerpo de siete directores elegidos por los afiliados en mayo pasado, se sumaron una comisión fiscalizadora permanente y una gerente general, ambos designados por el Poder Ejecutivo.

La convivencia, sin embargo, es conflictiva: en los últimos días la comisión fiscalizadora envió una nota a los prestadores pidiéndoles que se “abstengan” de firmar nuevos contratos con el directorio. La misiva surgió justo en el mismo momento en que los directores habían iniciado conversaciones con los bioquímicos y analizaban rescindir el contrato con los farmacéuticos.

Pero además, los fiscalizadores (el abogado Ernesto Denis, la funcionaria de Salud Graciela Traverso, y el ex interventor del Iosper Ricardo Rizzo) vienen alertando permanentemente a los directores y gerentes del Iosper respecto de los pasos a dar. “Nos tenemos que manejar con mucha cautela. Por eso, no vamos a hacer ninguna erogación que no esté en el presupuesto, aún cuando eso signifique no pagarle a los auditores. Yo les voy a firmar el contrato, pero no les puedo pagar a los contratados porque me van a hacer una denuncia ante el Tribunal de Cuentas”, dice el titular del Iosper.

INVESTIGADOS

En la obra social provincial aguardan con expectación el pedido de ampliación presupuestaria de 34 millones de pesos cuya autorización ya elevaron al Poder Ejecutivo (de esa forma, el gasto anual subirá de 97 a 131 millones de pesos) ya que de no darse se verían en complicaciones para cumplir con el pago a prestadores en el último trimestre del año.

Mientras aguardan ese refuerzo presupuestario, la conducción de la obra social afila la estrategia legal con la que piensa abrir una investigación en la Justicia sobre el desempeño que tuvieron los interventores que designó el Poder Ejecutivo en el Iosper entre abril de 2005 y mayo pasado. Los dardos apuntan principalmente a Miguel Ángel Sampietro, ex titular de la comisión fiscalizadora y funcionario del Tribunal de Cuentas.

Precisamente, el Tribunal de Cuentas dio la base a los actuales directores del Iosper para lanzar dardos sobre Sampietro. Un informe firmado por los auditores Eduardo Rudi y Juan Facendini puso en evidencia una desprolijidad por la cual Sampietro ordenó pagar más de 1 millón de pesos al Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos cuando lo correcto hubiera sido que la obra social le cobrara a la entidad por una deuda con la AFIP.

Según los auditores, el acuerdo de mutuo pago rubricado por el Iosper con los farmacéuticos en mayo de 2005 “resulta lesivo a los intereses del Instituto. En tal sentido, es importante destacar que previo a su firma, han intervenido todas las áreas técnicas del Instituto, lo que demuestra una seria falla en los mecanismos de control interno”. Según el Tribunal de Cuentas, “de haberse procedido en forma correctiva y equitativa”, la obra social no hubiese tenido que pagar un centavo, sino al contrario, exigir el pago de una suma de más de 32 mil pesos al Colegio de Farmacéuticos.

Aunque la cuestión también abarcaría a quien lo sucedió a Sampietro, Ricardo Rizzo, que fue quien concretó el pago de aquella cifra a los farmacéuticos. (Fuente: El Diario)

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