Lunes 17 de julio de 2006
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Política
La Iglesia pide preservar el aporte para sus escuelas
Sostiene que el principio de libertad de enseñanza demanda necesariamente el sostenimiento financiero para pagar el salario de los docentes. En la provincia, las escuelas públicas de gestión privada representan el 25 % de la oferta educativa, y da...

��Es necesario que el Estado, no sólo permita sino que garantice propuestas educativas alternativas a la oferta de educación pública de gestión estatal, que hagan factible la elección”.
Eso dice el texto Algunas reflexiones y aportes para el debate en torno a la ley nacional de educación, que elaboró el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) para ser analizado en las escuelas confesionales de todo el país, luego de que el Ministerio de Educación de la Nación lanzara la discusión de cara a elaborar un texto que supere a la Ley Federal de Educación.
A ese principio, el presbítero José Dumoulin, delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Paraná, le agrega otros. “Pedimos también que aseguren principios como el de enseñar y aprender; que los padres puedan elegir la educación para sus hijos; que sea una educación que contemple a la persona integralmente, es decir atendiendo a su dimensión espiritual, psicológica, social. Por eso es importante hacer mucho hincapié en el tipo de hombre en cuanto tal para poder educar, que se contemple a la persona en su totalidad, en esa dimensión profunda y rica para poder atenderla”, añade.
Pero también la Iglesia quiere preservar la libertad de enseñanza, y eso demanda la asistencia financiera del Estado. “Que el Estado asegure con el aporte el sostenimiento de la escuela de gestión privada, así como aporta para la escuela de gestión estatal”, asevera Dumoulin.
Las escuelas públicas de gestión privada suman 377 en la provincia, de las cuales el 59 % son confesionales, con una matrícula de 76 mil alumnos. En 2005, sobre un presupuesto de 579 millones destinados al rubro Educación, 88 millones sirvieron para sostener a las escuelas públicas de gestión privada.

Dos artículos de la Ley Provincial de Educación (52 y 53) garantizan el aporte estatal a las escuelas públicas de gestión privada, aunque ahora ese texto, cuya base está en la Ley Federal de Educación, va a ser puesto a discusión en el marco del debate que se lanzó a nivel nacional y al que Entre Ríos se sumó.
Después de la promulgación de la ley de Financiamiento Educativo y más recientemente la de Educación Técnico-Profesional, el Gobierno nacional impulsa ahora una nueva ley de educación nacional, con el fin de pensar y proyectar la Argentina del siglo XXI que se quiere, tal como definió el ministro Daniel Filmus, a su paso por Paraná. Las críticas a esa iniciativa recuerdan que tanto Filmus como su actual viceministro, Juan Carlos Tedesco, fueron los intelectuales que estuvieron detrás de la Ley Federal de Educación, pues Filmus fue asesor de la ministra de Educación menemista Susana Decibe y Tedesco, su viceministro.
Más allá de los cuestionamientos, en la última semana 750.000 docentes participaron de la jornada nacional de debate por la nueva ley. Desde el documento base que distribuyó el Gobierno, se lee entre líneas una preocupación constante: la formación para la producción y el trabajo y se insiste en la necesidad de lograr la igualdad y una mayor homogeneidad educativa en todo el país de cara a los demasiados sistemas educativos —existen 57 modelos de EGB 3 en todo el país— y la desigualdad observada al interior de las provincias. Asimismo, se sugiere “avanzar respecto de la obligatoriedad de la escuela media” así como garantizar las condiciones para posibilitar “que los chicos menores de 5 años puedan estar en la escuela”.
Abierto el debate, al que la Iglesia se sumó, el presbítero Dumoulin resta necesidad al proyectado cambio de ley. “No es necesario cambiar la ley: en realidad, más que cambio de ley, habría que implementar en su extensión a la Ley Federal de Educación. Se podrían hacer, sí, algunas observaciones o reformas en lo que sería la cuestión del polimodal, que por ahí pudo no haber resultado adecuada la puesta en práctica. El mayor problema de la Ley Federal de Educación fue que cada provincia fue haciendo lo que quiso. Pero a esto no hay que atribuirlo a la ley sino a una falta de control o de asesoramiento», señaló.
—A su entender no habría que redactar una nueva ley.
—Para mí lo ideal sería implementar adecuadamente la Ley Federal de Educación. Creo que ése sería el gran desafío. Muchas de las cosas que aparecen mencionadas en el cuadernillo que distribuyó el Ministerio de Educación ya están formuladas en la Ley Federal de Educación. Me parece que lo que hay que hacer, más que un cambio, es un implementación adecuada o correcta de la ley.
—De todos modos, las escuelas católicas se sumaron a la jornada institucional de debate, el miércoles 5 de julio. —Hay que conocer el texto, hay que participar, y hacer conocer las propuestas desde nuestras escuelas, desde la realidad concreta no sólo de la escuela de gestión privada, sino también de las escuelas de barrio, de una ciudad que tiene características particulares. (El Diario)
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