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Al ser consultado sobre la posibilidad de que el ingeniero Hernán Orduna, que en la actualidad cumple funciones en el área de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, reemplace al embajador Roberto García Moretán, Busti reconoció que le hicieron una consulta al respecto en la Cancillería. En este sentido, opinó que “sería un punto de avance en la Comisión, porque Orduna es un hombre de la región y conoce la problemática del río Uruguay. No tengo ninguna duda de que defendería correctamente los intereses del medio ambiente argentino”, sostuvo Busti.

Cabe señalar que la CARU está integrada por 10 delegados, cinco por cada país. La Presidencia y Vicepresidencia es ejercida, por períodos anuales y en forma alternada, por los presidentes de la delegación de cada país. En la actualidad la nómina de delegados es la siguiente: el presidente de la delegación Argentina es el embajador Roberto García Moritán; el vicepresidente Héctor Rodríguez y los delegados son Horacio Melo y Héctor Retamal. En tanto, preside por el Uruguay, Martha Petrocelli; el vicepresidente es Rubens Stagno y los delegados son Eugenio Lorenzo y Ernesto Serrón.

La Comisión Administradora del Río Uruguay es un organismo internacional creado por las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay como concreción de la voluntad de ambas de institucionalizar un sistema de administración global del río Uruguay, en el tramo del mismo que comparten. Esta Comisión fue constituida por el Estatuto del Río Uruguay, suscripto entre ambos países platenses el 26 de febrero de 1975 y el propósito de su creación responde a la idea de contar con un mecanismo idóneo para un óptimo y racional aprovechamiento del río.

Es de destacar el Estatuto del Río Uruguay es un elemento fundamental en el juicio iniciado por la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El organismo puso fecha límite para el inicio de la próxima etapa del juicio por las pasteras de Fray Bentos, donde se abocará precisamente a la denuncia argentina por violación del Estatuto por parte de Uruguay, al autorizar en forma unilateral la instalación de las pasteras sobre este recurso compartido.

El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas explicó que Argentina tiene plazo hasta el 15 de enero de 2007 para presentar su memoria del caso, en tanto que Uruguay puede hacerlo (contramemoria) hasta el 20 de julio de 2007.

A partir de allí, la Corte tendrá tres meses para pronunciar su fallo definitivo sobre el conflicto que enfrenta a Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa, siempre y cuando no existan en el medio réplicas y dúplicas de las partes.

La Corte mostró su voluntad de agilizar el procedimiento para que la causa tenga su sentencia definitiva lo antes posible, al establecer un plazo de seis meses para que Argentina presente su memoria.

Cabe recordar que, si bien la Corte de La Haya no otorgó a la Argentina la medida cautelar, dejó en claro que Uruguay tendrá plena "responsabilidad" sobre el efecto que causen las industrias de celulosa y, de comprobar que contaminan, se puede volver a pedir la suspensión o desmantelamiento de las plantas.

Esto significa que el caso -denominado Plantas de Celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina v. Uruguay)- continúa, porque el pronunciamiento de la Corte fue respecto de la medida cautelar, pero no del asunto de fondo que es la violación del Estatuto del Río Uruguay, denunciada por Argentina.

“Hay que prepararse para el juicio”, sostuvo Busti

Consultado sobre la posibilidad de un cónclave entre los presidentes argentino y uruguayo, el primer mandatario dijo que “todos los encuentros son posibles, pero hasta ahora no hay una luz para que la negociación pueda ser posible”, señaló Busti en declaraciones a la prensa. “Uruguay sigue hablando de los monitoreo y el monitoreo es contaminación. Nosotros hablamos de que la única salida es la relocalización”, sostuvo el mandatario provincial.

Busti agregó que, “por lo pronto, lo que tenemos es en el campo jurídico el juicio de La Haya. Al acuerdo diplomático nunca hay que desecharlo, pero hay que prepararse para el juicio”, sostuvo el gobernador.

El Gobierno provincial trabajará junto con Cancillería y la comunidad de Gualeguaychú

Con respecto a la reunión de la noche del martes en la Cancillería con su titular, Jorge Taiana, Busti sostuvo que “fue un encuentro de trabajo” en el que se analizó el fallo de La Haya del cual sostuvo que, “lo malo fue la negación de la medida cautelar”, pero por otra parte afirmó que “lo positivo es que se rompe el mito de que el juicio iba a demorar más de cuatro o cinco años”. Al respecto, agregó que el litigio internacional “va a terminar a fines del año que viene con sentencia definitiva”.

El gobernador entrerriano informó que, en los plazos que dio la corte internacional para la presentación de ambos países, la Argentina expondrá un estudio científico y ambiental muy serio para el cual se va a trabajar en forma conjunta entre Cancillería, la Secretaría de Medio Ambiente y el Gobierno de la provincia y la comunidad de Gualeguaychú, que será invitada.

“Los estudios ya realizados fueron hechos por la Universidad de Córdoba y otras instituciones, pero se requiere un estudio internacional para ser presentado en La Haya”, señaló. En este sentido, “se están realizando los contactos para buscar los especialistas internacionales que puedan aportar las pruebas necesarias para el juicio”, agregó

Con respecto a la presencia de funcionarios nacionales en Gualeguaychú, aseveró que se “hará en forma ordenada” para poder realizar una verdadera “reunión de trabajo”; a tal efecto se invitará a que la Asamblea Ambientalista designe sus representantes, “que serán no más de 30, para poder elaborar conjuntamente con los organismos antes mencionados la estrategia en la lucha”.