Jueves 20 de julio de 2006
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Política
Iosper reclama una deuda de 45 millones de pesos
Hay una demanda contencioso administrativa que se tramita en el STJ presentada durante la gestión del radical Sergio Montiel, que todavía no se ha resuelto. El recorte de aportes que instrumentó el Estado por aplicación de la Ley de Emergencia hac...

E

l Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) va a insistir para que el Estado le restituya el 2 % de aporte por los afiliados jubilados que le fuera quitado a mediados de la década de 1990, durante la segunda gestión del actual gobernador Jorge Busti.
El recorte de fondos del Estado a la obra social, que bajó del 4 al 2 %, le significa hoy una merma del orden de los 12 millones de pesos por año, y aunque hay una demanda ya entablada en la Justicia por la restitución de esos recursos, la aspiración es que el diferendo se resuelva en forma política.
De todos modos, el pleito en Tribunales se mantiene, según dijo el titular de la obra social provincial, Silvio Moreira, y en esa instancia ya hay un primer cálculo de la deuda que el propio Estado acumuló con la obra social de los empleados públicos, y que asciende a los 45 millones de pesos, “sin contar los intereses ni las actualizaciones de ningún tipo”.

El Iosper —la mayor prestadora de salud de la provincia, con una población cautiva de beneficiarios que llega a las 250 mil personas y un presupuesto anual superior a los 130 millones de pesos— se financia con el aporte de 95 mil afiliados directos que se desempeñan en el Estado, que aportan el 3 % de su salario, tanto activos como pasivos. A su vez, el Estado hace su propia contribución: por cada trabajador en actividad, el aporte es del 3 %, y por cada pasivo, del 2 % (hasta 1995 fue del 4 %).
La merma de aportes se produjo cuando sobre el final de la administración del ex gobernador Mario Moine la Legislatura dictó una Ley de Emergencia que, entre otras medidas, dispuso un recorte en el aporte que el Estado efectuaba para sostener la obra social provincial. Esa norma, que rigió durante todo el segundo gobierno de Jorge Busti, perdió vigencia aunque sus efectos perduran hasta hoy en el caso del Iosper.
Sin embargo, el reclamo desde la obra social no ha cejado. La conducción sindical que rigió los destinos del Iosper entre 1998 y 2002 efectuó reiterados planteos al Gobierno —hasta llegar a la vía judicial que hoy se tramita— aunque nunca consiguió regularizar esa situación, y ahora le toca al directorio que encabeza Moreira reiterar el reclamo al Gobierno.
Moreira dijo que la voluntad del directorio de la obra social provincial es “instalar esta discusión”. Tenemos que apuntar a mejorar los recursos del Instituto. En ese camino, es que se resolvió incrementar el monto de aporte mínimo ,que pasó de $ 7,41 a $ 17,31, una medida que nos generó algunos enojos entre los afiliados. Ahora, es el momento para avanzar por otra vía, que es la más importante en materia de recursos, y es conseguir que el Estado nos restituya el 2 % de aporte por los afiliados pasivos”.
Esa restitución le significaría al Iosper un ingreso extra por mes del orden del millón de pesos, una suma mucho más abultada que los 20 mil pesos por mes que conseguirían con el aumento de los aportes mínimos. El tema va a ser planteado en un encuentro que el directorio del Iosper tiene previsto mantener con las autoridades del Ministerio de Economía, la próxima semana.
De todos modos, la demanda contencioso administrativa planteada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sigue su curso, según contó el abogado Marcelo Baridón, que representa los intereses del Iosper. “Hubo gestiones de acercamiento con el ministro Diego Valiero, pero no se avanzó. Pero considero que el camino más adecuado para solucionar esto es por esa vía, y no en la Justicia”, añadió Baridón. (El Diario)
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