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La provincia va camino de imponer nuevamente el control técnico de todo el parque automotor, tal cual lo establece la Ley 8.963 del año 1995. La iniciativa se enmarca en las acciones del Gobierno por ordenar la conflictiva situación en las rutas de la provincia debido al alto número de accidentes, que en lo que va del año ya se cobraron un total de 123 víctimas fatales, marcando un crecimiento del 30 % respecto a 2005, cuando en el primer semestre se registraron 91 muertes en accidentes.

En mayo, la Dirección de Transporte comenzó a obligar a las empresas del transporte interurbano de pasajeros a someter a sus unidades a un control técnico vehicular, como condición sine qua non para mantener el precio del gasoil subsidiado, aunque a dos meses de su puesta en marcha apenas un 10 % cumplió con ese requisito. Una de las exigencias es que cada unidad cuente con la “caja negra” que, en caso de accidentes, permitirá establecer a qué velocidad manejaba el chofer.

Una vez que concluya el proceso de revisión de los ómnibus de pasajeros (la provincia firmó un acuerdo en marzo último con la Secretaría de Transporte de la Nación), será el turno del transporte de cargas, y luego de los vehículos particulares. Según los registros de la Dirección General de Rentas (DGR), el parque automotor de la provincia se compone de 211.925 unidades, a los que se suman otras 241.670 que ya no interesan a los fines recaudatorios por cuanto no tributan, ya sea porque han sobrepasado los 20 años o porque gozan de algún tipo de exención. “La idea de la provincia es aplicar el control vehicular lo más pronto posible. Se están buscando los mecanismos para implementarlo a la brevedad, aunque todavía no está definido el costo ni la modalidad. Pero queremos que el control se aplique en forma perentoria, porque el control vehicular garantiza que haya menos accidentes”, contó a EL DIARIO Juan Carlos Mosqueda, subdirector de Transporte de Entre Ríos.

La normativa provincial en materia de regulación de tránsito se asienta sobre la base que construyó la Ley Nacional 24.449, publicada en el Boletín Oficial el 10 de febrero de 1995, que creó un reglamento nacional de tránsito al que las provincias debían sumarse.

En diciembre de ese mismo año, se publicó en Entre Ríos la Ley 8.963 que en su artículo 6º le atribuyó expresamente a la Dirección de Transporte la tarea de llevar adelante la revisión técnica periódica de los automotores usados, actividad en la que también tendría injerencia la Policía de Entre Ríos.

Aunque ese fue uno de los costados más conflictivos de ese armazón legal. En 1998 el Estado entrerriano concesionó el control vehicular en favor del consorcio Alesia-TTI (a esa faena se dedicó el entonces secretario de Reforma del Estado, Oscar Mori) y se impuso a cada titular de vehículo la obligación de pagar el costo de 50 dólares la revisión. Pero el trámite generó airadas reacciones, y derivó en la vuelta atrás en la decisión tomada. De todos modos, la firma privada resolvió litigar contra el Estado por la rescisión del contrato, y logró cobrar una indemnización de 4,6 millones de dólares. En la década que siguió a aquella primera experiencia las plantas de revisión, ubicadas en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, quedaron inactivas (este año sólo una se reactivó, la de Paraná, que la Policía utiliza para detectar vehículos mellizos). Ahora, la intención del Gobierno es reactivarla y poner nuevamente en marcha el control vehicular del parque automotor.

La decisión tiene que ver con el perfil que tiene Entre Ríos a nivel nacional: una altísima tasa de accidentes de tránsito. Según estadísticas del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, aquí ocurren 74,76 muertes por millón de habitantes cuando la media nacional es de tan sólo 41,15.

Pero no sólo habrá revisión vehicular —el artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito establece que todos los vehículos “destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes— sino que también habrá control de exceso de velocidad.

El exceso de velocidad es una de las causas más frecuentes de accidentes, y por eso la provincia ya tiene avanzada la decisión de repetir la experiencia de los controles con las foto-multas, primero privatizados en manos de Carryson, y luego puestos a cargo de la Policía, ambas experiencias que luego naufragaron. En esa dirección, ya está en marcha el proceso de licitación para la compra de cinco equipos de medición de velocidad en rutas a través de las foto-multas. “Los pliegos ya están redactados, ya fueron aprobados por la Dirección de Contrataciones del Estado así que en breve se estaría llamando a licitación”, dijo el comisario Mauricio Giles, asesor legal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

“La gente anda muy rápido o no respeta los lugares de prohibición de sobrepaso; donde se detecte que haya mayores posibilidades de accidentes por estas conductas ahí serán ubicados, por eso serán itinerantes”, dijo. Aunque la efectividad de esos controles dependerá del humor con que los reciba la Justicia, que ya en más de una oportunidad los ha declarado inconstitucionales como medio de prueba para sancionar una falta y aplicar multas.

Para destacar

Si se utilizara la misma tasación vigente en 1998, cuando se aplicó la primera experiencia de revisión vehicular a cargo del consorcio privado Alesia-TTI (50 dólares por vehículo, actualizada al valor post devaluación, se alcanzaría una cifra de 150 pesos) se estaría frente a un negocio que movería por año casi 32 millones de pesos. Aunque es probable que el costo de la revisión vehicular no llegue a esos valores ahora. En el caso de los ómnibus del transporte de pasajeros, que ahora están en proceso de revisión, el costo de la revisión técnica vehicular ronda los 125 pesos. Fuente: El Diario.