E

l Gobierno está próximo a rubricar un acuerdo institucional con el Poder Judicial por el que resolvería pagar un incremento del 11% sobre los salarios que perciben jueces, funcionarios y empleados judiciales de la provincia. A eso se sumaría una nueva mejora del 7 % que se abonaría con los salarios del mes de septiembre.
La idea es subsanar la falta de modificación de los haberes de los magistrados en los dos años y medio de gestión del gobernador Jorge Busti, según explicó el secretario de Justicia, José Carlos Halle.
Pero si bien hay un acuerdo verbal entre las partes, resta todavía formalizar el acuerdo por la vía de una especie de paritaria salarial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
“Estamos discutiendo pero todavía no se ha definido nada sobre un papel. Pero de todos modos es casi un hecho que se otorgue un aumento del 11 % en julio, y probablemente también del 7 % en septiembre próximo. Hay que tener en cuenta que en los dos últimos años y medio el Poder Judicial no tuvo ningún tipo de incremento”, explicó Halle.
Las conversaciones que ahora desembocaron en ese convenio pronto a rubricarse fueron iniciadas en forma conjunta entre los jueces y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), aunque el trámite, según dijeron en el sindicato que agrupa a los trabajadores del Poder Judicial, quedó “demorado” en la Fiscalía de Estado, de donde salió recién el miércoles último y a partir de entonces se abrió la instancia que desembocaría en la firma del acuerdo salarial.
En el Gobierno, el interlocutor en las conversaciones fue el secretario de Justicia (ex juez correccional), aunque la decisión final recayó en la cartera que dirige el ministro Diego Valiero, Economía, área que “ha decidido materializar la recomposición, tal como nos lo habían adelantado: un 11% de incremento con los haberes de julio y agosto, a lo que se agregaría otro 7 % a partir de los haberes de septiembre”, según dijeron en AJER.
De aquí en más lo que resta es la formalización de esa determinación oficial mediante un convenio institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que sería suscripto por el secretario de Justicia, José Carlos Halle, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia.
De esa forma se concretaría la primera mejora salarial en la actual gestión para los jueces que, en el caso de los miembros del STJ, son haberes que promedian entre los 5.000 a 6.000 pesos, según la cifra que aportó el vocal Miguel Carlín. Entre un 10 a un 15 % menos de esa cifra percibe un juez de primera instancia.

Pleito judicial

La mejora ahora acordada sucede a una prolongada discusión entre los poderes Ejecutivo y Judicial respecto del salario de los magistrados. La cuestión se había iniciado en un pleito que promovió un grupo de jueces de la provincia luego de que la administración del ex gobernador Sergio Montiel frenara el sistema de actualización salarial por aplicación de la evolución del costo de vida (mecanismo al cual los empleados de la Justicia están enganchados).
En enero de 2003 se inició una demanda por la que reclamaron el pago actualizado de los salarios correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia.
La cuestión fue resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque para evitar una catarata de demandas en contra, la administración del gobernador Jorge Busti dispuso, en enero de 2004, declarar “de legítimo abono e incorporadas al patrimonio de los actores, todas las sumas pagadas como consecuencia de las sentencias de primera instancia recaídas en las acciones de amparo”.
El decreto 15 publicado en el Boletín Oficial del 5 de enero de 2004 estableció que “sin perjuicio de la necesidad de precisar los alcances de la irreductibilidad de las remuneraciones de los magistrados, para hacer más sólida la independencia del Poder Judicial aunque, sin consagrar privilegios odiosos que inmunicen al juez de las vicisitudes y contingencias derivadas de la vida en sociedad, corresponde declarar de legítimo abono todas las sumas percibidas por los accionantes en las acciones de amparo”. (El Diario)